“Estas evacuaciones bilaterales no deben ensombrecer o sustituir la respuesta humanitaria internacional que se necesitan urgentemente”, señaló la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). El organismo indicó que el presupuesto para su plan de ayuda en Afganistán -donde cuenta con 200 colaboradores y trabaja con una veintena de oenegés para ampliar el alcance de sus actividades- tiene un déficit del 43%.
Aclaró también que el hecho de que algunos países estén intentando sacar de Afganistán a quienes trabajaron y les brindaron sus servicios durante los últimos 20 años de presencia militar exterior, no excluye en ningún casos que los afganos puedan usar su derecho a solicitar asilo a otros países.
“Todos los países, dentro de la región y fuera de ella, deben preservar el derecho de los afganos que llegan a través de vías regulares o de forma espontánea a buscar asilo”, indicó el organismo.
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Desde principios de 2021, 550.000 afganos se convirtieron en desplazados tras haber tenido que abandonar sus hogares a causa de la violencia que anticipaba la crisis actual.
Con ese flujo, el total de desplazados internos en Afganistán se eleva a 2,9 millones de personas, de los cuales el 80 % son mujeres y niños, según Acnur.
Otros 2,6 millones son refugiados en otros países, con el 90% de ellos que se encuentran en Pakistán e Irán.
En una comparecencia ante la prensa, la portavoz de Acnur, Shabia Mantoo, explicó que las evacuaciones de estos días no tienen nada que ver con el trabajo de reasentamiento de refugiados que realiza su organismo, pero manifestó su apoyo a esas acciones ya que se trata de salvar vidas potencialmente en peligro.
A pesar de las primeras declaraciones a la prensa internacional en las que los talibanes prometían moderación y del acuerdo que tienen con Estados Unidos de permitir las evacuaciones hasta el próximo día 30, la prensa presente en Kabul ha constatado que los milicianos han instalado puestos de control y están impidiendo el paso de afganos que se dirigen al aeropuerto.
Los talibanes, que aseguraron que no planeaban tomar represalias contra quienes hubiesen colaborado con las fuerzas o entidades internacionales, o sido del ejército o la policía, han iniciado redadas casa por casa buscando a estas personas y, en caso de no encontrarlas, han amenazado con matar a sus familiares si no se entregan.
