“Nos preocupa que en varios países se está avanzando en regulaciones –algunas legislativas y otras ejecutivas– que podrían limitar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil (OSC), su libertad de asociación, su capacidad para recibir financiamiento y su autonomía, entre otros aspectos”, comienza diciendo un comunicado difundido por comité directivo de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP).
La organización se suma a la preocupación de la comunidad internacional por la ley ya sancionada por el Congreso y que fue remitida al presidente de la República, Santiago Peña, para su promulgación o veto.
Según los expertos, esta iniciativa “podría generar una excesiva burocracia, aumentar los gastos istrativos y legales, dificultar el a financiamiento de las organizaciones, entorpecer su funcionamiento y su capacidad de desarrollar acciones en beneficio de la comunidad”.
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Advierten que si la ley se implementa, la mayoría de las organizaciones sin fines de lucro estarán “bajo una amenaza real de cierre, ya sea por la ejecución de las exigencias legales o por la incapacidad de obtener fondos”.
Los representantes de la sociedad civil hicieron un llamado a las autoridades de nuestro país para revisar las iniciativas y entablar un diálogo con los distintos sectores de la sociedad.
“El cierre o restricción del espacio cívico no solo afecta a las organizaciones de la sociedad civil, sino que también debilita la capacidad del Estado para responder de manera efectiva y transparente a las demandas ciudadanas”, agregaron.
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La Alianza para el Gobierno Abierto (OGP en inglés) es una iniciativa inédita creada hace ocho años por ocho Estados (Brasil, Indonesia, México, Noruega, Filipinas, Sudáfrica, Reino Unido y Estados Unidos) y que cuenta en la actualidad con 70 .
Decisión de Peña
El presidente Santiago Peña debe decidir sobre un polémico proyecto que deja a su gobierno expuesto por la presión a nivel nacional y las advertencias de la comunidad internacional.
El mandatario se está tomando su tiempo, pese a que fue su sector político, encabezado por Gustavo Leite, el que impulsó la normativa, y la versión aprobada fue la que el mismo Ejecutivo remitió al Congreso, con sus modificaciones.
