En la presentación del informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), celebrada en Estados Unidos, la delegación paraguaya condenó el otorgamiento del beneficio a Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán.
Los mismos están acusados en Paraguay del secuestro de María Edith Bordón, que ocurrió en el año 2001, y llegaron a Finlandia desde Uruguay, luego de huir del Brasil.
El embajador Julio Arriola lamentó la situación y criticó que no haya sido considerado el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) a favor del Estado paraguayo.
El representante diplomático alentó a no permitir el “uso distorsionado” de la figura de refugio y dijo confiar en que las decisiones tomadas a instancias internacionales “serán revisadas nuevamente”.
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Días atrás, el Gobierno de Finlandia expresó su predisposición de revisar la situación de los prófugos de la justicia local, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.
El compromiso del ministro de Relaciones Exteriores finlandés, Pekka Haavisto, fue el de examinar la documentación no considerada en su momento por la urgencia del caso.
Arrom, Martí y Colmán, ex del Partido Patria Libre, huyeron del país en el 2002 y llegaron al Brasil, donde ya obtuvieron el estatus de refugiados, por alegar supuestas torturas por parte del Estado.
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Juan Arrom y Anuncio Martí demandaron a Paraguay, pero la Corte IDH finalmente falló a favor del país.
Al darse a conocer la decisión y ante las señales de que Brasil los despojaría del beneficio, los tres acusados de secuestro fueron a Uruguay y de allí a Europa.
Pese a que el Estado intentó gestionar la venida de Arrom, Martí y Colmán durante la escala en Madrid, la ausencia de un código rojo de la Interpol sobre ellos frustró los intentos, y finalmente estos pudieron llegar a territorio finlandés.
Ante toda esta situación, Paraguay entregó una protesta al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y solicitó investigar la manipulación y abuso del refugio por parte de los requeridos por la Justicia local.
