En o con Última Hora, Jaime Gómez explicó que el joven Bruno José Da Acosta Amaral se encuentra recluido desde hace un año en la cárcel de Coronel Oviedo, debido a supuestas vinculaciones con el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), en setiembre del año 2020, luego de un allanamiento en Sapucái, distrito de Yby Yaú, donde hallaron imágenes del local de venta de armas que subarriendan con su familia.
En ese sentido, el abogado señaló que el edificio en el que se subarrienda el local de Casa y Pesca Arpador pertenece a su familia, específicamente a su mamá, pero el local es propiedad de Luciene Da Silva, desde junio del 2020, quien adquirió el comercio del señor Félix Ramón Arrúa y explotó el negocio desde el 2018.
No obstante, la orden de allanamiento fue realizada para el local Caza y Pesca Rossi, que nunca existió, ya que solo funcionaba una ferretería denominada Rossi y que nunca estuvo en el rubro de las armas, comentó el defensor.
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La recusación es por una falta de objetividad, ante las negativas del fiscal de aceptar la presentación de testigos de la Dirección de Material Bélico (Dimabel), como también por varias negativas de foliar la carpeta para evitar que se pierdan documentos y se puedan incluir los pedidos hechos por la defensa.
Asimismo, señaló que pese a la recusación fiscal, el agente sigue con la carpeta en su poder y que está pensando constituirse con una escribana, ya que la fiscala interina Luz Guerrero todavía no la recibió.
Entre otras cosas, Gómez sostuvo que las armas cuentan todas con series de numeración, pero que en la investigación fiscal no se detalla absolutamente nada que involucre a su cliente o a la casa comercial de Caza y Pesca, que tiene permiso además de Dimabel para operar.
Sobre las vinculaciones del hombre con el EPP, dijo que cree que partió de una primicia falsa y que no están pudiendo demostrar la participación o convicción.
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El abogado detalló que este viernes el Ministerio Público debería presentar la acusación o sobreseimiento definitivo, tras haber solicitado una prórroga de seis meses en el caso.
Entre los testigos que le fueron negados a presentar se encontraban el coronel Édgar Carnieri y el sargento Fredy Guillén, de la Dimabel, quienes se constituyeron en el local el 19 de junio de 2020 para la verificación y habilitación correspondiente.
Para el defensor, existe una falta de objetividad del fiscal, como también de los demás agentes que forman parte de la causa. Entre otras cosas, manifestó que una foto la puede sacar cualquiera y que no es motivo para tener preso a una persona desde hace un año.
El joven también había sido imputado por asociación criminal, contrabando y lavado de dinero en otra causa, junto a su padre Leandro José Da Costa Neto, por la tenencia ilegal de 30 toneladas de billetes venezolanos que fueron hallados en una vivienda de Salto del Guairá.
Por el caso, fue condenado a tres años y medio, en tanto que la Fiscalía había anunciado que apelaría, ya que solicitaban 12 años.
