La euforia que despierta el buen momento de la Selección Paraguaya no ha conseguido mitigar el escándalo y la vergüenza que supuso el hackeo de la cuenta oficial del presidente de la República en la red social X. La intervención vino a coronar agitados meses previos en los que filtraciones de datos de la ciudadanía e información que puede poner en riesgo la seguridad nacional y puso en evidencia la fragilidad de nuestro sistema. Irónicamente, debido al hackeo, el Gobierno debió suspender la presentación de la estrategia de ciberseguridad.
La imagen del país ha quedado irremediablemente expuesta, una vez más, en lo concerniente a la ciberseguridad. Esta vez ha sido por el hackeo de la cuenta oficial de la red social X del presidente Santiago Peña. El posteo promocionaba el uso de criptominería, y una hora después, el posteo fue eliminado.
Con un breve comunicado, la Presidencia informó sobre la actividad irregular desde el perfil de Peña en la red social y la sospecha de que hubo un no autorizado. No explicaron; sin embargo, cómo sucedió o qué tan grave fue el suceso.
Esta situación, que revela la gran fragilidad de nuestro sistema, nos obliga a cuestionar si el Gobierno paraguayo está trabajando en una solución al gravísimo problema o van a continuar con la estrategia de minimizar los hechos.
Este ataque se suma a otros anteriores, y el más reciente incluso supuso la exposición de datos personales y privados de toda la ciudadanía.
Como opinaba el especialista en ciberseguridad, Miguel Ángel Gaspar, respecto al hackeo de la cuenta del Presidente en la red social X: “Es la cereza de la torta, de todo lo que están haciendo desacertado en ciberseguridad”. Asimismo, considera que todas las acciones tomadas están mal enfocadas. “Presentaron una estrategia de ciberseguridad, una ley de ciberseguridad con tres formatos diferentes, una ley de inteligencia artificial y todo inconexo, nada está conectado, nadie sabe qué rumbo seguir”.
Como bien sabemos, no son hechos recientes o aislados, de hecho que la primera de muchas se había dado en 2023 cuando se filtraron datos de la base de datos de la Policía Nacional, en un hecho que implicó la vulneración de más de 500.000 documentos y afectó la privacidad de toda la población. Luego, hace apenas unos meses se habían filtrado datos del Tribunal Superior de Justicia Electoral y de los partidos políticos; de esta manera, quedó expuesta información sobre millones de ciudadanos. Es digno de mención así también el jaqueo y espionaje a funcionarios paraguayos respecto a las negociaciones del Tratado de Itaipú. La responsabilidad del deleznable hecho atribuida al ex presidente Jair Bolsonaro sucedió en el 2022.
El caso más reciente había sido la vulneración de la seguridad de varias instituciones públicas, con esa acción fueron comprometidos datos vitales de la población, los cuales según se supo luego, estarían circulando en la web oscura. Fueron intervenidas instituciones como Presidencia de la República, Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Ministerio de Justicia, Ministerio de la Mujer, Cámara de Diputados, Dirección de Meteorología, Gabinete Militar y otras. De todas estas entidades fueron hackeados datos personales como números de cédula, nombre del padre y la madre de cada ciudadano, dirección, número de teléfono e historial médico.
Tanto en esta como en las otras anteriores ocasiones de intromisión ilegal, el Gobierno no ha dado explicaciones a la ciudadanía sobre la manera en que se pudo vulnerar la ciberseguridad, ni las medidas que las instituciones tomarían para recuperar los datos y proteger mejor a la ciudadanía.
Resulta sumamente grave esta situación que estamos viviendo porque se trata de la soberanía digital; y en ese sentido es inisible que se haya podido vulnerar la cuenta de un presidente de la República.
Con urgencia, autoridades y funcionarios deberían aunar todos sus esfuerzos en una mesa de trabajo de la que participen los mejores conocedores del tema y sobre todo, que estos sean escuchados, porque es inisible un estado no cubra su seguridad digital.
