Celeste Josefina Amarilla viuda de Boccia, ex diputada y actual senadora, cobró protagonismo por no tener pelos en la lengua a la hora de hacer furibundas críticas, lo que hace que se meta en frecuentes polémicas.
Es indisimulable su rechazo visceral al cartismo, y específicamente a algunos de sus referentes, como Basilio Núñez, y tampoco se queda atrás la permanente pulseada con Dionisio Amarilla, aliado del oficialismo.
Oriunda de San Juan Bautista, Misiones, estuvo casada con un político conocido, ya fallecido, Franklin Anki Boccia, y como viuda del citado ex legislador recibe una pensión de la Caja Parlamentaria de Jubilados.
El cartismo centra sus ataques contra Amarilla porque fue proveedora de la merienda escolar, a través de licitaciones con el Estado y haberse enriquecido con esa adjudicación. Además, no le perdonan sus acusaciones con relación a vinculaciones con la narcopolítica, lo que le valió hasta una suspensión, y un cháke permanente sobre la eventual pérdida de investidura, como ocurriera con Kattya González. Una de las polémicas que había levantado pólvora y que de tanto en tanto le sacan en cara es haber revelado que compró su banca y que la pone en evidencia ante sus pares. Un pedido al Congreso para que le den una camioneta blindada para su seguridad había desatado una serie de críticas.
Recientemente, se dio a conocer el llamado a licitación por casi G. 300 millones, en medio de todos los privilegios que ostentan. Celeste había revelado que recibió una supuesta amenaza por parte del ex diputado Eulalio Lalo Gomes, quien falleció en un allanamiento, que sigue sin dilucidarse. El hecho es que la senadora se enteró después de que él haya fallecido, a través de su hermano, el abogado Felino Amarilla. La legisladora tiene título de abogada de la Universidad del Norte con término medio 5, y un posgrado en Ciencias Políticas en la Universidad Nacional de Asunción, pero aún no presentó su tesis. Antes de llegar al Parlamento, estuvo como directora de Hacienda de la Municipalidad de Fernando de la Mora, bajo la istración del liberal Julio César Yoyito Franco. Luego, al frente de Recursos Humanos en el Municipio asunceno de la mano del ex intendente Martín Burt.
Además, ocupó la Secretaría de la Niñez, Deportes y Acción Social de la Gobernación de Central con Martín Sanemann. Agrega a su biografía, que trabajó también en empresas privadas dedicadas al comercio y le tocaron todos cargos gerenciales.
Se jacta de su afiliación al PLRA desde 1982, y de ser fundadora de la Juventud Liberal Radical Auténtica, además de ser presidenta del Comité 28 de la capital. Su participación en los debates durante las sesiones, así como en las redes sociales es permanente y mordaz. En lo que va de este periodo, como senadora, que se inició en julio del 2023, acompañó un total de 16 proyectos, entre ellos, la derogación de la ley que regula la concesión y aumento de pensiones graciables, y la prohibición. También, una propuesta que establece requisitos para la presentación de proyectos de ley de expropiación o desafectación de inmuebles. Este segundo periodo en el Parlamento, le habilita a una jubilación vip extraordinaria, atendiendo a que el requisito es tener 10 años ocupando una banca en el Congreso.
No obstante, Amarilla tiene la posibilidad de decidir si vuelve a candidatarse en las elecciones generales del 2028 para ser reelecta y si lo logra tendrá la jubilación ordinaria.
A este beneficio que podría recibir, se le suma el que ya está percibiendo como viuda.
SUS BIENES
En la página web de la Contraloría General de la República figuran varios documentos correspondientes a las declaraciones juradas presentadas por la senadora. Tal es así, que en el 2018, cuando fue electa como diputada, Celeste detalló la posesión de 9 inmuebles, 4 en Asunción, 4 en San Bernardino y 1 en Caacupé. El total de activos en ese entonces era de G. 25.711.490.220. Al año siguiente, en el 2019, declaró 10 inmuebles, uno más en San Bernardino. En cuanto al total de activos era de G. 23.634.071.453. En el 2023, mencionaba que tenía cuentas a cobrar por bonos del PLRA, reclamadas en juicio más los intereses por un valor de G. 923.759.661. Mencionó 9 inmuebles, uno de ellos en Villa Hayes; y certificados de depósitos de ahorros por acciones en Tortuga Py SA y Anki SA; y activos de G. 29.183.802.018. En el 2024, informó que dejó de ser accionista de las citadas firmas en el 2016.
