31 may. 2025

Codehupy denuncia riesgo para la comunidad Hugua Po’i tras levantamiento de medida cautelar

La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) denunció que se levantó la medida cautelar que permitía a las familias de la comunidad indígena Hugua Po’i, del Departamento de Caaguazú, permanecer en las tierras que están en disputa con una empresa. Ante esta situación, advierte sobre un posible desalojo forzoso.

comunidad indígena Hugua Po'i.jpg

Familias de la comunidad Hugua Po’i fueron desalojadas a principios de julio de 2022, pero pudieron regresar a sus tierras con una medida cautelar.

Foto: Archivo.

Para Codehupy, se levantó injustificadamente la medida cautelar que protegía el derecho de las 55 familias indígenas de Hugua Po’i a permanecer en su territorio, mientras continúan los trámites de regularización ante el Instituto Paraguayo del Indígena.

La comunidad se encuentra en el distrito de Raúl Arsenio Oviedo, del Departamento de Caaguazú, donde las familias de la parcialidad Mbya Guaraní reivindican la ocupación de unas 1.021 hectáreas, donde se alimentan de sus cultivos.

El Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial de la Capital, Cuarta Sala, había prohibido cualquier desalojo o alteración en el inmueble, lo que favoreció el retorno y permanencia de las familias antes desalojadas.

“El levantamiento de esta medida cautelar representa no solo una amenaza a la seguridad y bienestar de estas familias, sino también una evidente violación a los derechos territoriales de los pueblos indígenas consagrados en la Constitución Nacional, tratados internacionales y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, advirtió la Coordinadora.

Considera que esta desprotección responde a presiones y estrategias de grupos empresariales como Tres Palmas, que reclaman las tierras como suyas y que, de acuerdo a Codehupy, fue vinculada a autoridades del Poder Judicial y del ex presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra, Mario Vega.

Asimismo, refirió que el pedido de levantamiento de la medida cautelar fue presentado por Alfredo Maggi, miembro suplente de Enrique Berni, del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

“Exigimos que el Poder Ejecutivo, a través del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) y el Poder Judicial, en particular la Corte Suprema de Justicia, tomen medidas urgentes para frenar este atropello. El Estado paraguayo tiene la obligación de actuar con diligencia y en consulta con la comunidad, garantizando sus derechos sobre el territorio”, insistió al respecto la coordinadora que aglutina a varias organizaciones.

Ante la amenaza de desalojo forzoso, Codehupy avisa que permanecerá vigilante, acompañando a la comunidad de Hugua Po’i en la lucha por su territorio.

Lea también: Indígenas vuelven a inmueble con medida cautelar, pero apeligran nuevo desalojo

Así también, recuerda que recientemente estuvo en el país la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para supervisar el cumplimiento de sentencias internacionales a favor de las comunidades indígenas. “No puede el Estado ante organismos internacionales comprometerse con los derechos humanos y en paralelo desalojar a la comunidad indígena de Hugua Po´i”, agregó la coordinadora.

A principios de julio de 2022, la comunidad indígena fue desalojada de las tierras por segunda vez en el año, en medio de una aparatosa intervención policial, con una gran dotación de alrededor de 300 uniformados fuertemente armados y con un helicóptero.

La comunidad llevaba más de una década reclamando al Estado la delimitación y titulación del territorio que habita, así como la garantía de una vida digna.

Más contenido de esta sección
Las altas cifras de abuso sexual infantil en Paraguay muestran que las medidas punitivas no están siendo suficientes y que persisten las debilidades en las políticas de prevención, de acuerdo con la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA). Cada dos horas y media se registra una denuncia por abuso sexual en niños, niñas y adolescentes.
En el Senado se elabora una nueva ley que afectará a pescadores. Entre los cambios se analiza el periodo de veda que podría ser similar al que se tiene en la Argentina. Así también, se debate sobre el periodo de pago de subsidios, que podría cambiar al inicio de la veda y no al final.
Los refugios para proteger a los niños, niñas y adolescentes en situación de calle durante el frío se establecieron a partir del martes, con el ingreso de las bajas temperaturas al país. La cobertura es de 24 horas.
Una joven denunció haber sido víctima de rapto y abuso sexual en Ciudad del Este, Alto Paraná, y el caso es investigado por el Ministerio Público. La denuncia fue presentada por su suegro ante la Comisaría 4ª del barrio Pablo Rojas.
Un operativo conjunto entre la Senad, el CODI-FTC y la Fundación Moisés Bertoni logró erradicar ocho campamentos clandestinos dedicados al cultivo de marihuana dentro de la Reserva Mbaracayú. La acción apunta a frenar el narcotráfico y el daño ambiental en uno de los pulmones verdes del país.
La despedida de Elías Giménez Riveros, de 20 años, se realizó este jueves en Mariano Roque Alonso con reclamos de justicia ante una “fría” Fiscalía que no actuó a tiempo. El joven fue encontrado sin vida tras su desaparición, registrada el pasado 19 de mayo.