A casi 10 años del inicio del proceso, este lunes se inició el juicio a Camilo Soares en el caso conocido como coquitos de oro, que data de su istración al frente de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN). Frente al Palacio de Justicia, donde se desarrolla la audiencia oral y pública, grupos de manifestantes piden que el ex ministro vaya a la cárcel.
El Tribunal de Sentencia que juzga a Soares está conformado por los jueces Juan Carlos Zárate, María Fernanda García de Zúñiga y Héctor Capurro.
Como primera medida, la defensa de Soares planteó la prescripción de la acción penal, cuestión que debe ser contestada ahora por la fiscala del caso, Victoria Acuña, y luego resuelta por los magistrados.
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Días atrás, el otro procesado en la causa, Alfredo Guachiré, hizo el mismo pedido ante la Corte Suprema de Justicia, alegando que ya pasó el doble del plazo de la pena, es decir, diez años, desde las compras hechas por la SEN que motivaron la imputación a ambos ex funcionarios.
Las adquisiciones fueron realizadas entre los días 21 y 24 de diciembre de 2009 y la compra de panificados entre el 25 mayo y el 16 de diciembre de 2009; en tanto que la imputación fue formulada en abril de 2010.
El marco penal de lesión de confianza, uno de los delitos por los cuales Guachiré está imputado, es de cinco años de cárcel. El planteamiento no fue estudiado por la Sala Penal de la Corte.
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Soares y Guachiré están procesados por supuestos hechos de lesión de confianza y producción de documentos no auténticos. El perjuicio patrimonial detectado por el Ministerio Público es de G. 1.224.976.100.
Según la investigación, Soares y Guachiré –quien ocupaba el cargo de director de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC)– son responsables de la sobrefacturación en la compra de alimentos en general y coquitos, para varios departamentos declarados en emergencia durante el gobierno de Fernando Lugo.
Piden que vaya a la cárcel
Pobladores de diversos asentamientos del Departamento Central se están manifestando frente al Palacio de Justicia, exigiendo que Soares sea condenado y vaya a la cárcel.
“No vamos a parar de protestar. Vamos a ser contralores del Estado porque acá todo se negocia. Basta ya de impunidad. Los que robaron a la gente humilde de los asentamientos tienen que estar en la cárcel”, aseguró Martín Brandell, dirigente de la Federación Nacional de Familias en Extrema Pobreza (Fenafepo).
Los manifestantes aseguraron que seguirán protestando frente a la sede judicial los días que dure el juicio y que acudieron hasta ahí porque casos como este afectan directamente a los sectores más vulnerables.
