Siete concejales del municipio de Capiibary, en el Departamento de San Pedro, realizaron una medida de fuerza al ocupar por varias horas el local de la Municipalidad, acompañados de un grupo de pobladores.
Los seis concejales colorados y un independiente, al igual que los pobladores, querían conversar con el intendente liberal David González, para exigirle el pago de 11 meses de dietas atrasadas, además del arreglo de caminos, la habilitación de la matadería y del vertedero.
El intendente no se encontraba en la Municipalidad y tras dos horas de espera, los manifestantes decidieron retirarse.
La presidenta de la Junta Municipal, Ester Cáceres (ANR), explicó que se deben 11 meses de dieta y son siete los concejales aparentemente discriminados por el intendente.
“Con los cinco concejales liberales está al día pero con nosotros no, por eso denunciamos esta discriminación, nosotros denunciamos cómo se roba en la Municipalidad y todos los negociados, por eso no nos pagan, queremos cobrar la totalidad y no solo una parte como nos ofreció; existen los fondos necesarios”, indicó la edil.
La misma expresó que en Capiibary, el clan González maneja a su antojo el dinero del pueblo. “Existe una corrupción demasiado grande en la istración de David González y vamos a seguir denunciando hasta lograr su destitución” agregó.
Por su parte, el concejal independiente Reinaldo Benitez calificó de grave lo que ocurre en la Municipalidad y consideró que la Contraloría inmediatamente debe intervenir.
“Ya hemos presentado todas las documentaciones y esperamos que se investigue. Nuestro municipio solo cuenta con un tractor que opera, los demás todos (están) abandonados, no sabemos ni en dónde; un camión tumba con desperfecto mecánico está aquí y es utilizado cómo vertedero, es una verdadera vergüenza”, explicó, Benitez.
Por otro lado, el intendente González aludió a un documento de escribanía dónde consta que en diciembre del año pasado se iba a pagar por cinco meses a los concejales, pero estos no aceptaron la propuesta.
“Quisimos pagarles pero ellos se negaron a recibir, querían cobrar la totalidad y en ese momento no teníamos recursos suficientes, por lo que llevé a una escribana para certificar eso. Yo no me niego en pagarles de acuerdo a la disponibilidad”, señaló González.
