La comitiva, encabezada por el juez de la CorteIDH Rodrigo Mudrovitsch y delegados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), acudirá este lunes hasta la comunidad Yakye Axa, del pueblo Enxet. También se trasladará hasta las comunidades Xákmok Kásek y Sawhoyamaxa, ambas en Presidente Hayes, en el Chaco paraguayo.
La visita de los enviados se extenderá hasta el próximo viernes 20 de setiembre, según informaron organizaciones de derechos humanos.
En el caso de la comunidad Yakye Axa existe una sentencia de 2005 que condenó al Estado paraguayo por la violación de los derechos a propiedad colectiva de la tierra.
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La comunidad fue despojada de sus tierras ancestrales y el Estado, en cumplimiento de la sentencia, entregó 12.312 hectáreas de terrenos alternativos en 2012, pero los de la comunidad no pueden acceder al lugar por la falta de caminos.
La Corte supervisará el estado de construcción de un camino de ingreso a las tierras comunitarias, además de cuestiones relacionadas a la infraestructura y servicios básicos.
Por su parte, la comunidad Xákmok Kásek fue beneficiada con una sentencia en 2010 que ordenó a Paraguay restituir 10.700 hectáreas reclamadas, pero solo 7.701 hectáreas fueron devueltas, según un comunicado de la organización Tierra Viva, una de las representantes de la comunidad.
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A su turno, la comunidad Sawhoyamaxa, que está compuesta principalmente por indígenas del Pueblo Sanapaná, cuenta con una sentencia de la CorteIDH de 2006, que logró que el Estado expropiara a su favor 14.404 hectáreas de terreno que les habían sido arrebatadas. Las tres comunidades fueron visitadas en 2017 por el entonces juez de la CorteIDH Patricio Pazmiño.
La Comunidad Xákmok Kásek, se encuentra ubicada en el Distrito de Irala Fernandez, Departamento de Presidente Hayes. En 1990 la comunidad inició sus trámites de reivindicación territorial de la zona denominada Retiro Primero (Mompey Sensap) y Retiro Kuñatai (Makha Mompena), abarcando un total de 10.700 hectáreas.
Tras haber agotado todos los recursos internos y años de tramitación, con una expropiación denegada, la Comunidad acudió al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH).
En el 2010, la Corte IDH declaró al Paraguay responsable de la violación de los derechos a la comunidad, estableciendo un plazo de 3 años, prorrogable a uno más, para la restitución de las 10.700 hectáreas reclamadas. Sin embargo, no fue hasta 2016 que se devolvieron las tierras a la comunidad con una extensión de 7.701 hectáreas, quedando pendientes 2.999 hectáreas para cumplir con el mandato internacional
