Aunque parte de la sociedad da por hecho que los derechos de trabajadores y trabajadoras que conocemos hoy existieron siempre, es oportuno recordar que en realidad son el resultado de protestas y movilizaciones colectivas. No es casualidad esta actitud individualista y desmemoriada, es una construcción del capitalismo que reduce a la población a lógicas de supervivencia, por un lado, y al aumento de riquezas, por el otro; el mundo de los explotados y explotadores.
Las disputas con la patronal son continuas.
Paraguay, un país donde la tasa de informalidad asciende al 60%, emprendió una campaña para reducir este impacto, pero con una ley que protege a las fuentes de la informalidad en detrimento de los empleados y empleadas.
Las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) son las que operan mayormente de forma irregular; es decir, no pagan el aporte patronal para que sus trabajadores accedan a servicios de salud y jubilación, en muchos casos ni siquiera abonan el salario mínimo, no respetan el tope de jornada laboral ni las vacaciones.
Si bien es un sector casi sin colchón económico para hacer frente a las dificultades que representa abrirse a un mercado, las facilidades estatales no deberían repercutir nuevamente en el eslabón más débil de la cadena. La nueva Ley de Mipymes es alevosa al legitimar el pago por debajo del salario mínimo.
Las empresas no solo gozarán de incentivos en cuanto a costos de seguridad social y laboral, sino que también tendrán exoneraciones tributarias y las multas por incumplimiento serán sustituidas por capacitaciones.
Las personas más afectadas son las mujeres, teniendo en cuenta que ellas se desempeñan más que los hombres en el sector informal. La economista e investigadora Verónica Serafini explica que las mujeres empezaron a salir más de sus hogares para incorporarse al trabajo remunerado, principalmente desde inicios de 1990, en coincidencia con una mayor demanda del sector terciario.
En el 2024 encontramos, por ejemplo, que más del 70% de las mujeres trabajadoras se desempeñan en los servicios, comercios, hoteles y restaurantes, según el Instituto Nacional de Estadística.
Pero las mujeres empezaron a salir a trabajar masivamente en condiciones muy desiguales con relación a los hombres. La brecha salarial y las dificultades para ascender en los puestos laborales siguen siendo una realidad en un país que no prioriza las políticas de cuidado. De hecho, ni siquiera se cumple con la habilitación de guarderías en las empresas como establece el Código Laboral.
Si bien el aumento de mujeres en trabajos remunerados contribuye a su autonomía económica, ellas siguen sufriendo violencia en sus hogares, donde la salida laboral de las madres y esposas, también significó una intensa disputa de poder con los hombres, que antes eran los únicos aportantes.
Así también, la distribución de las tareas domésticas y de cuidado siguen siendo desiguales. La Encuesta sobre Uso del Tiempo del 2016 muestra que las mujeres dedican diariamente a estas labores de la casa 14,53 horas diarias en promedio, frente 4,27 horas que cumplen los hombres.
La próxima encuesta podría arrojar una disminución de la brecha, pero no un cambio de tendencia, más aún en un contexto en que grupos antiderechos representados por autoridades electas satanizan el concepto de género y operan para frenar cualquier discusión y política pública sobre igualdad.
Esto, sumado a las amenazas de regresión en materia de derechos laborales como la Ley de Mipymes, sin duda, contribuyen a postergar los debates sobre políticas de cuidado e igualdad en el trabajo, que a su vez impactarán en la economía del país.
