“La Contraloría debe seguir auditando el gasto público, la Fiscalía debe seguir imputando y persiguiendo penalmente a los corruptos y el Poder Judicial debe condenarlos y la gente debe ir a la cárcel, esa es una realidad, pero también la corrupción se debe luchar de una manera preventiva, no solamente represiva, porque evidentemente el sistema represivo solo no funciona”, sostuvo.
La iniciativa reúne a los tres poderes del Estado, al igual que la Contraloría General de la República (CGR) y el Ministerio Público, para una estrategia nacional de lucha contra la corrupción.
Amplía las prerrogativas de la CGR para un mayor control de todas las instituciones del Estado.
La nueva normativa forma parte de la Estrategia Nacional de Combate a la Corrupción, presentada hace un año, que incluye proyectos y programas enfocados en fortalecer la ética pública.
“Queremos que la ley se cumpla en todos los poderes del Estado; vamos a trabajar con el Ministerio de Educación para tener un contenido de educación cívica, con esta ley queremos un combate a la corrupción más preventivo que represivo”, sostuvo Benítez.
“El control ciudadano es clave para el combate a la corrupción; nosotros tenemos distintas herramientas y recursos para cumplir con el mandato de la política de transparencia. “La Contraloría, por ser parte del Consejo, no le puede decir a la Fiscalía a quién imputar, tampoco le puede decir al Poder Judicial a quién condenar. A partir del mes de febrero del próximo año, vamos a presentar nuestro plan estratégico”, añadió.
El contralor manifestó que la ley reglamenta ciertos principios que tienen que ver con la transparencia.
Citó la Ley de a la Información Pública, que fue un hito histórico y cambió la política del Paraguay, “pero este concepto tiene dos aristas, la transparencia activa y la transparencia pasiva”. Dijo que la transparencia pasiva es cuando una persona quiere acceder a una información y recurre a todos los poderes del Estado, y la transparencia activa es cuando se tiene la obligación de publicar la información de forma activa y que los gobiernos departamentales por sobre todo no cumplen este requisito.
“Los funcionarios de la Secretaría Nacional Anticorrupción, a partir de la promulgación de esta ley, van a formar parte de la Contraloría”, sostuvo.
El acto se realizó ayer en Palacio de Gobierno con la presencia del presidente de la República, Santiago Peña, además de las autoridades de los otros dos poderes del Estado, el Judicial y el Legislativo.
Precisamente, el mandatario mencionó que cada acto de corrupción socava las instituciones y corroe la esperanza del futuro de los jóvenes y, sobre todo, desvanece el sueño de los paraguayos y paraguayas.
itió que la Justicia y la lucha contra la corrupción van más allá de las banderas políticas, de las ideologías y las visiones, alegando que son exigencias permanentes del bien común.
Por ello, exigió una permanente y activa vigilancia contra la corrupción.
“Poco tiempo después, y hace casi exactamente un año, presentamos a la opinión pública y a la ciudadanía la Estrategia Nacional de Combate a la Corrupción, un ambicioso documento con más de 68 páginas que contiene proyectos y programas para enfrentar este enorme desafío”, sostuvo.
