Las llamadas telefónicas entre José Ortiz y Críspulo Sotelo en la noche de la quema del Congreso y la madrugada del atraco a la sede del PLRA no prueban ningún delito. Esa es una verdad irrefutable, hasta ahora. Nadie, a excepción de ellos dos, sabe el contenido de esas conversaciones y una mera comunicación no debería ser suficiente para decir que Ortiz ordenó a la Policía allanar el Partido Liberal. Sin embargo, sí revela mucho más de lo que ocurrió aquella noche y la manera en que Horacio Cartes gobierna el país.
Una de las muchas áreas de este gobierno en las cuales José Ortiz tiene interés es la seguridad. Esto lo dicen desde políticos opositores hasta propios referentes del Poder Ejecutivo. Es una suerte de asesor, aunque su abogado rechace categóricamente ese término y lo remplace por “empresario preocupado”. En esa calidad, hizo 16 llamadas al comandante aquella noche, sostiene su representante legal.
Hace años que la senadora Desirée Masi denuncia la injerencia del gerente de la empresa de Cartes –que no posee cargo oficial alguno en este Gobierno– dentro de la Policía Nacional. El reciente cruce de llamadas presentado por los abogados representantes de la familia del joven asesinado en aquel atraco al PLRA demuestra que antes del 31 de marzo, las comunicaciones entre Ortiz y Sotelo eran constantes. Difícil de creer que el jefe máximo de la Policía mantenía varias llamadas al mes con otros “empresarios preocupados” por la seguridad.
Claramente el gerente de la tabacalera del presidente y su hombre de mayor confianza no llamó al comandante de la Policía para preguntarle sobre su salud mientras una multitud incendiaba el Parlamento. Las llamadas entre Ortiz, Sotelo y otros referentes del Gobierno y cercanos al presidente ponen en tapete algo bastante obvio: las acciones de la Policía aquellas noche y madrugada eran coordinadas y supervisadas por las más altas esferas de este gobierno, entre las cuales indudablemente está Ortiz, quien mantuvo más llamadas con el jefe de la Policía que otros altos funcionarios del Ejecutivo.
Y acá se pone turbia la cosa: Con tanta comunicación, ¿cómo el Gobierno puede aducir que no coordinó también el ataque al PLRA? Tan solo diez minutos antes del allanamiento ilegal al partido, el comandante policial habló con el ministro del Interior y antes se comunicó con Ortiz y el mismo Cartes, entre otros.
Toda esta información sale del trabajo realizado por abogados de Rodrigo Quintana y no de la Fiscalía, por cierto. A cuatro meses de aquella noche, el crimen sigue en la oscuridad y los responsables permanecen en las sombras.