Los fiscales señalaron en las apelaciones que la jueza se extralimitó en sus funciones para tomar determinaciones con relación a los acusados y realizó una interpretación errónea de la ley con relación al supuesto doble juzgamiento que se realizó en el ámbito istrativo por el Tribunal de Cuentas, sobre la persona jurídica de la Municipalidad de Ciudad del Este.
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Javier Zacarías Irún y Sandra McLeod de Zacarías habían sido acusados por el supuesto desvío de más de G. 4.900 millones de los recursos de la Municipalidad de Ciudad del Este durante los años 2014 y 2018, junto a otras ocho personas que supuestamente operaban para utilizar los fondos municipales y financiar campañas políticas a favor de la pareja.
Los agentes del Ministerio Público atacaron la resolución por la cual se sobreseyó a los imputados por un supuesto doble juzgamiento de las ejecuciones presupuestarias, que ya habían sido analizados por el Tribunal de Cuentas. Los escritos llevan la firma de los fiscales Anticorrupción Francisco Cabrera, Diego Arzamendia y Natalia Fuster.
Asimismo, expresaron que la jueza Cinthia Garcete no argumentó los motivos por los cuales descartaba los fundamentos del Ministerio Público al solicitar el rechazo de la acción planteada por los acusados para extinguir la acción y ser sobreseídos.
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Para el Ministerio Público, la jueza tuvo una interpretación incorrecta de las normas que disponen la realización de las pericias y la valoración de las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público, lo cual solo podía ser excluida por un Tribunal de Sentencia.
La magistrada sostuvo que no se argumentó sobre la participación del senador Zacarías Irún como instigador en la causa, por lo que decidió sobreseerlo en forma definitiva.
Entre tanto, también expusieron que la jueza se extralimitó en sus funciones al decidir el sobreseimiento de los acusados, cuando no existió un requerimiento de los fiscales, ni de la defensa técnica con relación a los hechos investigados.
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Así también, mencionaron que la audiencia preliminar no era una etapa para analizar las pruebas, como también que la magistrada se arrogó potestades del Ministerio Público.
Por su parte, la jueza insistió en que la actuación de los fiscales fue desprolija por no realizar diligencias en una causa que tenía una expectativa de todo el país.
“Realmente lo único que quería hacer es sacar una resolución conforme a derecho, era para una absolución a todos los procesados porque las pruebas fueron obtenidas en forma ilegal, no tenía descripción del hecho como debería ser. El análisis fue de forma y no de fondo”, afirmó.
En el caso están juzgados, además de la pareja Zacarías Mcleod, Alberto Rodríguez Florentín y David Christian Espínola Osorio, como coautores, Juan Domingo Sanabria Notario, Carlos Darío Bordón Bottino, Dora Elsi Rojas Espínola, Lucía Rojas Espínola, Gustavo Adolfo Rojas Espínola, Olga Beatriz Rojas Espínola, como cómplices.
