Después de otra noche con edificios públicos atacados, tiendas saqueadas y vehículos incendiados, el presidente centrista Emmanuel Macron reforzó las medidas de seguridad y apeló directamente a los padres de los menores que participan en las protestas.
El ministro del Interior, Gérald Darmanin, anunció el despliegue de 45.000 agentes en el país, 5.000 más que la víspera.
“Estas próximas horas serán cruciales”, declaró, dirigiéndose a las fuerzas del orden y a los bomberos. Francia “se enfrenta a unos disturbios de una violencia inusitada”, agregó.
La violencia estalló el martes en los suburbios de París y se extendió por el país tras la muerte de Nahel, de 17 años, por un disparo a quemarropa de un agente durante un control de tránsito en Nanterre, al oeste de la capital.
El balance de los enfrentamientos en la última noche fue elevado. El gobierno informó de la detención de 875 personas (408 en París y sus suburbios) y de 249 agentes heridos, así como de 492 edificios atacados y de 2.000 vehículos calcinados.
La primera ministra, Élisabeth Borne, dijo que se estudiarían “todas las opciones”, entre ellas el estado de emergencia que piden la derecha y la ultraderecha, pero finalmente el gobierno optó por medidas de otro tipo para evitar más disturbios.
Por un lado, reforzó el número de agentes y por el otro, autorizó el despliegue de blindados de la gendarmería, un cuerpo militar que tiene competencias de seguridad pública, sobre todo en zonas rurales.
Macron apeló a la “responsabilidad” de los padres de menores que participan en los disturbios para evitar que salgan a la calle; y de las redes sociales, para que retiren contenidos vinculados con las protestas e identifiquen a sus s.
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Darmanin pidió además la suspensión de grandes eventos como conciertos, del servicio público de tranvías y autobuses a partir de las 21:00 y la venta de cohetes, bidones de combustible y productos inflamables.
El gobierno se encuentra bajo presión, entre la derecha y la ultraderecha que le piden mano dura --e incluso una “represión feroz” en palabras del político ultra Éric Zemmour-- y quienes reclaman medidas de apaciguamiento.
Dos sindicatos de policía, entre ellos el mayoritario Alliance, llamaron en un comunicado al “combate” contra las “hordas salvajes” que protagonizan los disturbios y advirtieron al gobierno que “entrarán en resistencia” una vez superada la crisis.
La oposición de izquierda condenó el comunicado, que calificó de “amenaza de sedición” y de “llamado a la guerra civil”.
Sin referirse al comunicado, el ministro del Interior apeló a los agentes a “respetar las leyes y la deontología” y subrayó que la “minoría de delincuentes [de los disturbios] no representa la inmensa mayoría de los habitantes de los barrios pobres”.
El líder izquierdista Jean-Luc Mélenchon llamó al “poder político” a “retomar el control de la policía” y llamó a los jóvenes a no atacar escuelas, bibliotecas o gimnasios.
Nuevos enfrentamientos entre policía y manifestantes tuvieron lugar en la noche en Lyon (este), en una protesta prohibida por las autoridades. Más al sur, en Grenoble, se registraron saqueos.
Los hechos relanzaron el debate sobre la violencia policial en Francia, donde en 2022 murieron 13 personas en circunstancias similares a las de Nahel, y sobre las fuerzas del orden, vistas como racista por parte de la población.
La ONU pidió a las autoridades sas ocuparse seriamente de los “profundos” problemas de “racismo y discriminación racial” en sus fuerzas de seguridad, unas acusaciones que el Ministerio de Exteriores calificó de “totalmente infundadas”.
Varios países europeos como el Reino Unido, Alemania y Noruega advirtieron a sus ciudadanos en Francia que eviten las zonas de disturbios y que extremen la precaución.
El presidente del principal sindicato patronal de la hostelería, Thierry Max, alertó a su vez de la ola de cancelaciones en las zonas afectadas por la violencia.
El sábado tendrá lugar el entierro de Nahel, anunció el alcalde de Nanterre, Patrick Jarry.
Mounia, la madre de la víctima, dijo en la cadena 5 que no culpaba a la policía, sino solo al agente que le quitó la vida a su hijo.
La justicia decretó prisión preventiva por homicidio voluntario para el agente de 38 años autor del disparo, cuyas “primeras” y "últimas” palabras durante su custodia policial fueron “para pedir perdón a la familia” de Nahel, según su abogado.
