La decisión fue anunciada esta mañana tras la reunión mantenida entre el presidente en ejercicio, Pedro Aliana; Tadeo Rojas, ministro de Desarrollo Social, y Mónica Recalde, ministra del Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
La nueva iniciativa del Gobierno establece que los proveedores adjudicados para la provisión de alimentación escolar en el marco del Programa Hambre Cero en las Escuelas deberán adquirir al menos un 10% de productos frutihortícolas y otros insumos del total contratado directamente del productor de la agricultura familiar.
Además, tratándose de bienes y servicios, al menos 5% del total debe ser adquirido de las mipymes.
El ministro Rojas destacó que también se determina que para el pago del servicio hecho por las empresas se exigirá la presentación mensual de las facturas de compras.
“Se obliga a las empresas proveedoras a la carga mensual de sus facturas al Sistema Integrado de Alimentación Escolar, a través de sus respectivos s proveídos por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas”, explicó.
Con esto se está determinando un procedimiento mucho más claro para que los productores tengan la seguridad de poder vender sus productos en forma directa, exigiendo factura a las empresas proveedoras, explicó. De este modo se garantiza una seguridad de parte del programa para dinamizar la economía, dijo.
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La decisión surgió de una evaluación realizada con el presidente Santiago Peña y los ministros de Agricultura y de Industria y Comercio, recordó.
Los porcentajes señalados no estaban dentro del programa ni del decreto reglamentario.
Formalización
Por su parte, la titular del Ministerio de Trabajo informó que en el cometido de “construir la institucionalidad del control” realizaron verificaciones en el Programa Hambre Cero con respecto a la generación de empleos, que se da a través de dos modalides: Catering y Cocinando en las Escuelas.
El operativo comenzó el 14 de marzo con la verificación a 221 escuelas en Central, Presidente Hayes y la Capital. Entrevistaron a 1.000 trabajadores.
El objetivo es la formalización de todos los trabajadores. Es decir, que tengan seguro social (IPS), se les pague lo que corresponde y se cumpla con las condiciones del contrato, explicó.
Al iniciar el operativo tenían un nivel de formalización de 5.019 trabajadores. Asegura que en un mes lograron incrementar a 144% la cantidad del personal contratado bajo estas modalidades en los 3 departamentos.
Consiguieron formalizar a 12.231 personas.
Hallaron que un 98% son mujeres las que están trabajando. También se verificó el cumplimiento irrestricto con el pago por salario mínimo, por jornal o por hora.
Actualmente están realizando el control en el Departamento de San Pedro y gradualmente cubrirán todo el país.
Hambre Cero se financia en un 80% con fondos de Fonacide y 20% con recursos del Tesoro.
Según Desarrollo Social, beneficia actualmente a cerca de 980.000 niños en Paraguay.
