El documento, de 300 páginas, menciona que actualmente la Comuna tiene una deuda de G. 199.118.566.923 con tres bancos. Con GNB, adeuda un monto de G. 105.265.294.554; con Continental, G. 65.528.939.149, y con BASA, G. 28.324.333.220. Originalmente, la Comuna pidió un préstamo de G. 279.000 millones a los tres bancos.
El documento informa de la deuda a largo plazo (junto con detalles de los intereses a pagar) de los bonos, que asciende a G. 817.500.000.000. Este monto figura en el segundo balance cuatrimestral que la Comuna socializó en los últimos meses de 2024.
Por los bonos G5 (2019), detalla el documento, ya se pagaron G. 120.000 millones y seguirán pagándose en intereses hasta el 2027. Por los bonos G6 (2020), se desembolsaron G. 102.000 millones, y se prevé seguir pagando por ellos hasta el 2029. En cuanto a los bonos G7 (2021), el monto pagado asciende a los G. 113.000 millones y se estima el pago de intereses hasta el 2033. Por los bonos G8 (2022) ya se pagaron G. 120.000 millones en sus dos series, y se espera seguir pagándolos hasta el 2032. Finalmente, se detalla que por los bonos G9 ya se pagaron G. 51.000 millones y los intereses seguirán pagándose hasta 2035.
Confidencialidad. A través del amparo judicial, el abogado Santagada solicitó, además de la información de la deuda financiera, la “copia íntegra de los contratos firmados y sus anexos y adendas y/o modificaciones; detalle de las comisiones pagadas a intermediarios y/o en concepto de gastos istrativos”. El documento socializado por la Comuna no incluye estos contratos, sino más bien sus cláusulas de confidencialidad.
“Con relación a la copia de otros documentos istrativos, contratos y otros, se informa que los mismos fueron entregados en su totalidad al Ministerio Público, e indicado en detalle en acta de fecha 12 de julio del año dos mil veinticuatro, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos”, dice el informe.
Benito Torres, asesor jurídico de la Municipalidad, dijo a ÚH que los contratos fueron entregados al Ministerio Público. “Tenemos una cláusula de que eso es confidencial. Por lo tanto, si es que se requiere eso, se va a tener que solicitar al Ministerio”, advirtió.
Refirió que, por su parte, no está autorizado a incumplir estas cláusulas, “porque así está establecida la reglamentación en el Banco Central”.
“O si no, caeríamos en incumplimiento contractual”, objetó, y añadió que dichos documentos serán devueltos una vez que el Ministerio concluya con su investigación, puesto que actualmente no corre ningún plazo procesal para dicha institución.
El abogado Santagada, por su parte, explicó que “efectivamente, no se entregaron los contratos, pero mucha de la información que era relevante de los contratos está en los dictámenes que aprobaron esos contratos, como las comisiones y honorarios por asesoramiento”.
Expresó que es inconcebible que en contratos en los que media la utilización de dinero público se introduzcan cláusulas de confidencialidad.
“Analizaremos la cuestión y veremos si vale la pena embarcarse en otra aventura judicial para acceder a esos contratos”, adelantó.
