Las imágenes difundidas en medios y redes sociales mostraban una escena verdaderamente inhumana. Un grupo de personas con diversas discapacidades fueron acorraladas por un contingente policial cuando intentaban marchar hacia la Cámara de Diputados para reclamar la falta de tratamiento de un proyecto de ley que establecería una pensión para personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad. Aquel día, tras un lamentable incidente, la bancada cartista dejó sin cuórum la sesión y el proyecto no fue tratado.
Los diputados dejaron sin cuórum dos sesiones, en las que deberían haber tratado el veto del Ejecutivo al proyecto que otorga pensión para personas con discapacidad. Ante la falta de cuórum, no fue tratado y al final quedó firme el veto.
En la primera sesión –que había quedado sin convocatoria– un vicepresidente de la Cámara, Carlos Arrechea (ANR-HC), permitió que quedara impune el escándalo del diputado Jatar Fernández, ex-Cruzada nacional, lo que permitió un cuarto intermedio, tras lo cual la sesión quedó sin cuórum, pero sobre todo, sin poder tratarse los importantes temas pendientes. A Fernández, sus propios colegas lo llamaron “incitador profesional”, y que “está en su papel de barrabrava”.
Posteriormente, días después Diputados debía celebrar una sesión extraordinaria para tratar, como único punto, el proyecto que establece pensiones a personas con discapacidad. Eso tampoco fue posible porque no hubo cuórum. Con esto, quedó archivado el proyecto que establecería pensiones del 25% del salario mínimo para personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad, y recién en el mes de junio podría volver a presentarse una iniciativa similar.
La decisión generó indignación por parte de las personas con discapacidad y sus familiares, quienes manifestaron frente al Congreso Nacional e incluso habían tratado de impedir la salida de los legisladores. Según el relato de Julián Sánchez, presidente de la Coordinadora de Personas con Discapacidad de Caaguazú, cuando el grupo intentó salir a la avenida Paraguayo Independiente les cerraron el portón con personal policial. “Nos quedamos adentro como si fuéramos perros. Tenemos un coordinador general del país de nombre Luca Aguilar a quien un policía le empujó y le lastimó la cadera. Lo tuvieron que llevar en ambulancia”, relató.
Este es tan solo uno de los muchos casos en que los representantes del pueblo –diputados y senadores– dejaron de tratar proyectos de ley y no acudieron a su lugar de trabajo, donde deberían honrar a diario el altísimo compromiso que implica haber sido designados como representantes por la ciudadanía.
No acudir a una sesión es un acto de suprema irresponsabilidad, y el hecho se agrava cuando responde a intereses particulares de grupos políticos o económicos.
En el caso mencionado –el del tratamiento de un proyecto que establecería una pensión para personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad– queda en evidencia la absoluta falta de sensibilidad y de compromiso de la bancada cartista y sus aliados con los reclamos del pueblo y las numerosas necesidades de la población.
Las acciones de los diputados nos recuerdan permanentemente nuestra nefasta herencia autoritaria; además, afectan la calidad de la democracia en Paraguay, minando poco a poco la confianza en las instituciones. Cuando, hace un año y nueve meses, asumía el nuevo gobierno, advertíamos sobre la gran responsabilidad que supone para un partido político tener el control absoluto de dos poderes del Estado, y expresábamos nuestros deseos de que lo ejercieran con juicio, mesura e inteligencia. Hoy, después de casi dos años, nos están demostrando que, tristemente, el bienestar del pueblo no es una prioridad para ellos.
