Una de las críticas a esta operación tiene relación con la falta de consentimiento de los contribuyentes. En este sentido, el presidente de la Comisión de Legislación, Nasser Esgaib, indicó que “quien no autoriza no va a figurar” en la lista a ser manejada por BICSA. Aclaró que la firma de la autorización se daría al momento en que el contribuyente se acerque a la Municipalidad a refinanciar sus deudas.
“Acá hay formas y plazos para refinanciar la deuda. Inclusive hay maneras en donde no se cargan intereses”, explicó. “También se firman pagarés.
El contribuyente que quiera financiar debe firmar la autorización para que la empresa pueda disponer y le afecte tanto negativamente si entra en mora como positivamente si paga en plazo y forma”.
Añadió que el acuerdo “también refleja que quienes tienen alguna demanda, van a figurar en BICSA, de gestión de morosidad”.
Este convenio tendrá “cero costo” para la Comuna, de acuerdo con lo expuesto por Esgaib. La vigencia tendrá una duración de dos años. “Porque es el plazo que a esta istración aún le queda”, refirió el edil, mencionando que este periodo les servirá para “evaluar si es que esto fue positivo o negativo, tanto para los contribuyentes como para el municipio”.
¿Sin costo? La edil Rossana Rolón sugirió que la empresa BICSA podría mercantilizar los datos de los contribuyentes. “Nadie puede apoderarse de nuestros datos”, criticó.
A su vez, Álvaro Grau declaró al convenio como “ilegal” exponiendo al pleno la Ley 6534, de Protección de datos personales crediticios. Dicha reglamentación menciona que los s de los burós de crédito “solamente podrán ser sociedades de información crediticia, debidamente identificados, que otorguen crédito, mutuales, casas de préstamo, casas de empeño o empresas que se dediquen de manera habitual a la venta de crédito. “La municipalidad no se dedica a ni una de esas cosas”, remarcó Grau.
