Quedaban exceptuadas de esta disposición las entidades que por la naturaleza de sus funciones realizan labores misionales (seguridad, salud y educación).
Entonces en el Congreso se habló de equidad, justicia, buena distribución de los recursos públicos y la necesidad de cortar los privilegios que enervaban a la ciudadanía.
Este tipo de decisiones no son noticia frecuente en un Parlamento que día a día sorprende e indigna con los escandalosos beneficios que se otorgan a sí mismos o a su nómina partidaria como si el presupuesto fuese una canilla abierta desde donde fluye el dinero de manera mágica, y no del fruto trabajoso del pago de impuestos.
Pero la mala noticia no vino esta vez de los corsarios de siempre, sino de la Justicia. Sorpresivamente, la Sala Constitucional de la Corte Suprema suspendió los efectos de la ley, reglamentos y decretos que prohíben la asignación de cupo de combustible a autoridades y funcionarios del Poder Judicial, alegando “perjuicios irreparables” en el plan de gastos 2025.
La sentencia fue firmada en forma unánime por los ministros Víctor Ríos, Alberto Martínez Simón y Luis María Benítez Riera, quienes le dieron trámite a la acción de inconstitucionalidad promovida por Gustavo Gorostiaga, que presentó la acción en nombre y representación de la Corte Suprema. Es decir, todos del mismo equipo.
He aquí el grave problema que va más allá del debate istrativo y colisiona con el concepto de justicia y equidad, del sentido común que deben cimentar la Justicia.
Pepe Mujica, ex presidente de Uruguay, siempre desconfiaba de los abogados que trabajan para el poder, porque decía que amoldaban las leyes para justificar decisiones. “Ud., presidente, primero díganos qué quiere y después nosotros buscamos las leyes que lo justifiquen. Todo se acomoda”.
En este caso, la Corte usó su máximo e irrebatible poder para beneficio propio y desestimó una de las pocas leyes que cortaba el despilfarro público.
POCA ESPERANZA. En medio de una hegemonía agobiante y peligrosa del oficialismo colorado, esta decisión de la Corte Suprema no augura un panorama tranquilizador. El Poder Judicial es el último peldaño en los conflictos en democracia. Debe ser garantía y contrapeso, pero mostrando estos abusos se asemeja demasiado al sector político al que debe frenar y controlar.
En estos días, el Congreso está dando preocupantes noticias. En el Senado, la legisladora Lilian Samaniego denunció que el pleno sancionó la ley sobre creación de “Juzgados Especializados en violencia familiar”, sin contar con el cuórum; es decir, sin los votos mínimos necesarios para aprobar un proyecto. El cartismo negó, desestimó la denuncia y como toda respuesta la acusó de “oenegera”. La degradación democrática empieza con el irrespeto de las reglas de convivencia institucional. Más aún cuando se trata de hacer leyes porque eso conlleva a una ruptura constitucional e instala la inseguridad jurídica.
También se está debatiendo reformas a la ley electoral, incluso en contraposición a consejos de la Justicia Electoral. El cartismo está modificando las reglas de juego, que por tratarse de la elección de autoridades, debería tener mínimos consensos.
La Comisión Interamericana de DDHH resaltó en su informe anual 2024, que el Paraguay enfrentó desafíos con la aprobación de una ley “que limita la libertad de asociación, lo que podría restringir la labor de defensa de los derechos humanos”, en referencia a la ley anti-ONG. También destacaron la expulsión de Kattya González del Senado en un proceso cuestionado como inconstitucional y señalado como parte de un patrón de violencia política de género”. La Corte, hasta el momento no se ha pronunciado sobre el asunto y a estas alturas ya son señales de pusilanimidad.
Además del caso de la ex senadora, los temas citados son algunos ejemplos de pleitos políticos que podrían terminar ante la Corte Suprema. Pero si ni siquiera pueden renunciar a este indignante privilegio, dando señales de austeridad en consonancia con la golpeada ciudadanía, ¿se puede esperar que pongan freno a la corrupción política y a los excesos autoritarios?
