Paraguay cuenta actualmente con 2.996.000 personas ocupadas, es decir, ciudadanos que realizan alguna actividad económica al menos una hora por semana. De este total, 1.691.000 son hombres y 1.305.000 mujeres. Más del 60% de los trabajadores se desempeñan en el sector terciario, que incluye comercio, restaurantes y servicios.
Si bien el número de personas que están dentro de la informalidad es sumamente preocupante, otra realidad es que muchos de los trabajadores están formalizados, pero sus empleadores no cumplen con los aportes al Instituto de Previsión Social (IPS), institución que sigue utilizando las rentas de sus reservas para pagar jubilaciones.
El IPS tiene proyectado usar este año USD 62,5 millones de la renta de sus reservas para el pago a jubilados. Hasta el 2024, la previsional ya utilizó USD 100 millones de estos recursos. IPS abona beneficios a unos 84.625 jubilados y la utilización de las rentas de reservas varía según la cantidad de beneficiarios que se agregan al compromiso.
Los recursos de las rentas utilizadas desde el 2020 al 2024 suman más de USD 100 millones. Mientras que solo en concepto de pago a jubilados la previsional gasta alrededor de USD 52 millones.
Cabe recordar la Ley 7446/2024, cuya promulgación fue firmada por el presidente Santiago Peña en diciembre pasado, como parte de las medidas adoptadas desde la previsional para equilibrar las finanzas de IPS.
A partir de esta normativa se tienen que contar los últimos diez años de aportes al Instituto de Previsión Social (IPS) para sacar el promedio de la jubilación que cobrará el trabajador asegurado.
Ahora, nuevamente se plantean ajustes, pero agregando un 1,5% al aporte obrero patronal para cubrir el desfinanciado aguinaldo que se paga a los jubilados.
Son sucesivos los reclamos de la clase obrera y gremios de jubilados sobre la transparencia en el uso de los recursos de la previsional. Concuerdo con ellos en señalar que la reforma más importante que podría tener el sistema previsional del Paraguay no tiene relación con la Superintendencia de Pensiones, sino con conseguir que ya no sea la clase política la que tome las decisiones sobre los recursos de los asegurados.
A finales del 2023, la deuda en los aportes patronales llegaba a los G. 4 billones y que la tasa de morosidad es del 40%. A pesar de esto, las autoridades han hablado poco o nada sobre medidas agresivas que permitan reducir estos niveles de deuda. Al parecer, el camino más simple, siempre es agregar la carga a los trabajadores.
De nada sirve que exista un combate a la informalidad, si IPS no toma acciones que permitan al asegurado garantizar el uso efectivo de sus aportes, así como para evitar que más empleados reciban sus descuentos sin que estos recursos lleguen a la caja de jubilaciones y el seguro de salud. Será clave que al momento de transformar la seguridad social se busque la transparencia en el manejo de los recursos previsionales.
Sabemos que el primer paso es combatir la informalidad, pero estas medidas deberán ir de la mano con las acciones que devuelvan la confianza hacia las instituciones como IPS.
