Los campesinos empezaron a llegar a la capital del país desde el domingo y ya empezaron a movilizarse este martes exigiendo la destitución de la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, que finalmente fue enviado al archivo.
La gran marcha está marcada para el jueves a las 08:00, desde el ex Seminario Metropolitano, y pasará por Kubitschek, Eusebio Ayala, General Aquino y Azara, en tanto que aún falta definir el lugar del acto central.
Reclamos campesinos
Entre los reclamos más importantes de los campesinos se encuentra la derogación de la Ley 6830 Zavala-Riera, que criminaliza la invasión de tierras al elevar las penas.
También se pide la aprobación del proyecto de ley que declare situación de emergencia por la sequía en todo el territorio de la República del Paraguay, que actualmente cuenta con media sanción.
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De igual manera, solicitan el cese de los desalojos por un año y durante ese tiempo buscar los mecanismos para la legalización de los asentamientos campesinos, urbanos y comunidades indígenas.
En ese sentido, piden modificar la ley de Senabico y que las tierras incautadas del crimen organizado sean destinadas a los fines de la reforma agraria (Indert-Indi), así también rematar los bienes valiosos incautados para utilizar los recursos en el plan de emergencia por la sequía.
Asimismo, exigen investigar las tierras malhabidas, con base en el informe de la Comisión Verdad y Justicia, para su recuperación y utilización para fines de reforma agraria.
Otro de los puntos es una política de estado para la producción nacional, frente a la pérdida de la producción como consecuencia del cambio climático.
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Para el efecto, se pide la provisión de semillas e infraestructura, como sistema de regadío, media sombra, invernadero, maquinarias, equipos y asistencia técnica.
Además de una ley de seguro agrícola público, es decir un fondo de riesgos de la producción, un congelamiento de intereses de las deudas por tres años y moratorio de un año para la devolución del capital, como también un plan de nuevos créditos.
En esa línea, se requiere el resarcimiento a la pérdida de la producción por sequía, por un plazo de seis meses.
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A lo que respecta a los indígenas, se solicita la implementación de comedores con todas las infraestructuras necesarias para las comunidades, infraestructuras de servicios (sistema de agua potable, electrificación, puesto de salud funcionando) y un plan de producción para las comunidades de ganado, ovejas y cabras.
Los campesinos también instan a la liberación de las personas que consideran “presos políticos”, como resultado de las imputaciones en la lucha por la tierra y el cese de las persecuciones y procesamiento por las luchas sociales.
Entre otras cosas, reclaman el cese inmediato de la deforestación y el uso excesivo de agrotóxicos, en defensa del medioambiente.
Finalmente, piden que Petropar recupere su papel de regulador del precio del combustible, debido a los altos precios.
Los campesinos que marchan son integrantes de la Federación Nacional Campesina (FNC), Organización de Lucha por la Tierra (OLT), el Movimiento Agrario Independiente (MAI), el Movimiento Campesino Paraguayo (M), el Foro Social del Alto Paraná, la Coordinadora de Trabajadores y Trabajadoras Campesinos y Urbanos (CTCU), el Consejo Nacional de Liberación Popular y la Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas (Conamuri).
También se encuentran integrantes de la Cooperativa Regina Mareco, Apaiga UPA, Asociación Joaju, Cultiva Paraguay, Coordinadora de Organizaciones Sociales de San Pedro, Movimiento de Resistencia Campesina (MRC) y el asentamiento 1° de marzo de Ypané.
