En un acto celebrado en el Palacio de La Moneda, sede del Ejecutivo, el mandatario firmó un decreto supremo con el que oficializó el llamado a la ciudadanía a votar en la consulta.
“No es una elección cualquiera, porque con esta acción democrática y republicana vamos a tener que optar entre dos alternativas, las dos igualmente legítimas y democráticas”, explicó Piñera.
Cuando los chilenos acudan a las urnas en el plebiscito tendrán la opción de elegir si quieren una nueva Constitución o prefieren reformar la existente, creada en 1980 durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y foco de las protestas que desde hace más de dos meses se desarrollan en el país.
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La redacción de una nueva Carta Magna es uno de los principales clamores del estallido social, que deja al menos 24 fallecidos, ya que es considerada por la ciudadanía el origen de las desigualdades en el país.
En ese texto, que ha sido reformado decenas de veces, se le concedió al Estado un rol subsidiario (secundario) en la provisión y istración de los recursos básicos, lo que favoreció la privatización de los mismos.
En el caso de que los chilenos elijan redactar una nueva Constitución, también tendrán que votar qué procedimiento se elige para ello: una convención mixta de parlamentarios y ciudadanos electos o una asamblea de personas escogidas únicamente para ese fin.
“Nos va a permitir que los chilenos podamos decidir los caminos del futuro. Los chilenos vamos a tener la primera palabra en escoger qué camino queremos seguir y qué mecanismos queremos adoptar”, señaló el mandatario.
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Piñera consideró que el país vivirá un periodo trascendente en los próximos 121 días hasta la votación, una buena oportunidad para que los chilenos practiquen y no solamente prediquen los principios y virtudes que históricamente les acompañó.
Si el plebiscito es aprobado, la elección de los constituyentes se realizará en octubre, coincidiendo con las elecciones regionales y municipales, y la nueva Constitución, que debe redactarse en un máximo de un año, se ratificará en otro plebiscito, este con voto obligatorio.
Este proceso constitucional se acordó en noviembre entre casi todas las fuerzas políticas del Parlamento chileno, a excepción del Partido Comunista, después de que la ciudadanía clamara en las calles de todo el país por una nueva Carta Magna desde el inicio del estallido social el pasado 18 de octubre.
