Las diferentes organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil emitieron un comunicado por el cual rechazan y repudian los” planes de pequeños grupos políticos” de impulsar la repatriación de los restos del ex dictador Alfredo Stroessner y de rendirle homenajes.
Asimismo, ratificaron en la misiva, en el marco del aniversario del nacimiento de Stroessner, sus posiciones, ya expresadas en el año 2012, de que es un derecho que tienen los familiares el de repatriar los restos de cualquier compatriota fallecido en el exterior, “en el marco de un acto privado”.
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“Pero es inaceptable que se quiera rendir honores al responsable de una sangrienta dictadura que asoló nuestro país durante casi 35 años (1954-1989), sobre la base del miedo, la opresión, la violación sistemática de los derechos fundamentales de miles de personas y la desaparición de más de 400 detenidos-desaparecidos”, señalaron.
En ese sentido, detallaron que el ex dictador permaneció exiliado en el Brasil durante más de 17 años luego de su derrocamiento, en el año 1989, y que se negó a brindar información alguna sobre la suerte de los desaparecidos y tampoco devolvió siquiera una parte de los bienes malhabidos con los que se quedó, como tierras y fondos públicos, según el informe de la Comisión de Verdad y Justicia.
De la misma manera, recordaron que la fortuna del ex dictador está valorada en más de USD 1.000 millones, según investigadores especializados.
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“Saludamos el hecho de que, a lo largo del año, diversas organizaciones ciudadanas, estudiantiles y universitarias han realizado actos, es y movilizaciones denunciando al régimen que implantó el terrorismo de Estado y fue activo partícipe del Plan Cóndor. Un ilegal acuerdo entre las dictaduras del Cono Sur para el intercambio de prisioneros políticos”, remarcaron.
Por último, pidieron al Gobierno y al Parlamento que se implementen las recomendaciones realizadas por la Comisión de Verdad y Justicia, además solicitaron al Poder Judicial y a la Fiscalía que impulsen las causas contra los represores, que están archivadas desde hace décadas y prolongan, en tiempos democráticos, la impunidad de los responsables de crímenes y delitos.
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El documento fue emitido por la Mesa Memoria Histórica, la Mesa de Articulación por la Identificación de Personas Desaparecidas por el Stronismo, el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), la Coordinadora de Luchadoras/es y Víctimas de la Dictadura (Codelucha), la Fundación Celestina Pérez de Almada, el Sindicato de Periodistas del Paraguay, la Central Unitaria de Trabajadores Auténtica y la Central Nacional de Trabajadores, además del Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia.
