El acusado Enrique Javier Lovera, a través de su abogada Giselle Gutiérrez, recusó al juez Humberto Otazú por supuesta parcialidad y falta de independencia. A la vez, presentó recusación contra el fiscal Silvio Corbeta, lo que hizo que la diligencia fuera suspendida en el segundo día.
Entre los acusados se encuentran la actual jefa comunal, Patricia Corvalán, y Blanca Álvarez, esposa y madre respectivamente, del diputado Esteban Samaniego.
Ambas están procesadas por supuesta istración en provecho propio y lavado de dinero. La madre enfrenta las causas en calidad de cómplice. Todo por un supuesto desvío de G. 1.100.000.000.
Según dice la recusación de Lovera, el mismo había cambiado a su abogado defensor a última hora, porque no hubo acuerdo por los honorarios. Además, que su nueva abogada solicitó intervención y la suspensión de la audiencia porque tenía otro juicio oral.
Indica que, pese a que durante todo el proceso la audiencia se suspendió solo una vez, sin que fuera su responsabilidad, el juez dispuso remitir los antecedentes a la Superintendencia de la Corte, por lo que le parece extremadamente arbitrario, y les dejó en una situación incómoda.
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Dice que la medida fue claramente una intimidación y un maltrato inmerecido a su defensora, por lo que se encuentra con la indefinición e incertidumbre de si le dio o no intervención a su nueva defensora.
De esa manera, apunta que tiene la sospecha fundada de falta de imparcialidad del juez, por lo que planteó la recusación.
Ante el pedido, el magistrado no tuvo otra opción que suspender la audiencia y elevar el informe de la recusación al Tribunal de Apelación Penal.
Acusación fiscal
En el caso, ayer jueves, el fiscal Corbeta se había ratificado de la acusación y pidió que se prohíba a la intendenta ingresar a la sede de la Comuna. En el caso, el legislador Samaniego no fue desaforado, por lo que no se pudo iniciar el proceso en su contra.
Otras doce personas también están acusadas por los mismos hechos, entre ellos, Enrique Javier Lovera Lezcano, quien fue el que presentó recusación contra el juez.
La causa indica que mientras Samaniego era intendente de Quyquyhó, entre el 2011 y 2017, suscribió contratos, convocó a licitaciones, pagó y benefició a los mismos proveedores en repetidas ocasiones, para la realización de servicios y obras inexistentes, por lo que hubo complicidad para el desvío, según la Fiscalía.
Los fondos habrían sido invertidos en bienes raíces de la pareja, entre ellos la construcción de su vivienda familiar de dos plantas, ubicada en el barrio San Vicente de Asunción.
