La eliminación de la salud gratuita para los extranjeros en la Argentina, anunciada recientemente, es una medida que desnuda dos cuestiones que deben ser analizadas profundamente. Por un lado, devela el vergonzoso nivel de dependencia del Paraguay y, al mismo tiempo, la desidia del Estado paraguayo que niega calidad de vida a sus ciudadanos. Pero también implica un giro en la política de relacionamiento que apunta contra la fraternidad y solidaridad entre los pueblos, cuando se piensa en políticas que criminalizan la migración.
“Vamos a disponer el fin de la gratuidad de la atención médica para extranjeros, tal como la conocemos hasta ahora. Los organismos competentes en materia de salud van a determinar las condiciones de al sistema de salud incluyendo la posibilidad de cobrar el servicio a los extranjeros que no residan en el país”, decía el anuncio. La misma medida ya la habían tomado las provincias de Salta y Jujuy, que limitan al norte con Bolivia y las provincias de Santa Cruz y Mendoza que comparten frontera con Chile. Anunciaron también la decisión de cobrar aranceles a extranjeros no residentes que asistan a instituciones educativas.
Cinco meses después, el vocero presidencial argentino Manuel Adorni anunció la serie de reformas al régimen migratorio argentino, que incluye restricciones más severas para la residencia, el fin de la gratuidad de atención médica para extranjeros en los hospitales públicos y la implementación de un arancel para estudiantes extranjeros no residentes.
Según el Gobierno argentino, estas medidas buscan “restaurar el orden”, y garantizar que los recursos públicos se destinen prioritariamente a los ciudadanos argentinos. El vocero había indicado en rueda de prensa que, a diferencia de la inmigración “virtuosa” que el país recibió en el pasado y que “aportó su parte a construir la gran potencia que supo ser la Argentina”, hoy día existe “una normativa que invita al caos y al abuso de vivos que lejos están de venir de forma honrada a construir un futuro de prosperidad”. (BBC, 15 de mayo 2025).
Esta decisión del Gobierno de Milei se inscribe lamentablemente en la peligrosa corriente de desconocimiento de la fraternidad y solidaridad entre los países; rompe con una antigua tradición de hermandad y apertura entre los países. Resulta imposible no recordar ni agradecer a la Argentina que acogió históricamente a paraguayos y paraguayas que migraron por razones económicas o por persecución política y, de la misma manera, que nuestro país sigue acogiendo a ciudadanos argentinos sin distinciones. Tristemente, Milei está siguiendo el camino iniciado por el Gobierno norteamericano que ha iniciado la deportación de miles de personas en situación irregular. Estas situaciones dejan la amarga sensación de que el mundo se ha convertido en un lugar mucho menos solidario.
Por otra parte, el Gobierno paraguayo del presidente Santiago Peña no puede desentenderse de la crisis que deberán enfrentar miles de familias paraguayas que dependen de la atención en especialidades como oncología, nefrología y diagnóstico, que son áreas en las que numerosos pacientes compatriotas acudían a los hospitales públicos argentinos por falta de tratamientos en Paraguay. Una de las áreas que más se va a ver resentida es la de oncología, pues como sabemos bien, en el país la quimioterapia o es muy cara o no está disponible para todos, particularmente preocupa la situación de cientos de niños que acuden al Hospital Garrahan donde recibían tratamiento gratuito para el cáncer.
El nuestro es un país con numerosos recursos, los cuales, sin embargo, como denunciamos a diario, no se distribuyen equitativamente, sino que son manejados de manera prebendaria para un grupo reducido de privilegiados. Sin corrupción pública el Estado paraguayo podría dar salud y educación pública de calidad a cada paraguayo y paraguaya; sin corrupción, la vida de ningún niño paraguayo debería depender de la quimioterapia que le proporcione otro país.
