29 may. 2025

Sigue juicio a funcionaria municipal y policía por supuesta expedición de documentos falsos

Varios testigos declararon en el juicio oral contra una funcionaria de la Municipalidad de San Lorenzo y una agente policial, porque supuestamente expedían certificados de vida y residencia con falsos datos para sacar licencias de conducir.

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Testigo. El policía Víctor Galeano declara ante el tribunal de sentencia, en el juicio oral realizado esta mañana.

Foto: Gentileza.

Con declaración de testigos, prosiguió esta mañana el juicio oral contra Mabel Corvalán Achucarro, funcionaria de la Dirección de Tránsito de la Comuna de San Lorenzo, y la suboficial policial Nilsa Evelin Morel Giménez.

Las mismas son juzgadas ante las juezas Karina Cáceres, Ana Rodríguez y Yolanda Morel, por supuestos hechos de cobro indebido de honorarios, producción y uso de documentos públicos de contenido falso, y por la presunta expedición irregular de documentos para la expedición de la licencia de conducir.

Según la acusación del fiscal Leonardi Guerrero, que en el juicio oral es defendida por la fiscala Natalia Cacavelos, la funcionaria municipal ofrecía por unos G. 25.000 a 30.000 los certificados de vida y residencia para los que necesitaban sacar las licencias de conducir.

La Fiscalía sostiene que Mabel Corvalán recibía los pedidos en la Comuna de San Lorenzo y luego se comunicaba con la policía Nilsa Morel, quien confeccionaba los certificados de vida y residencia que luego eran entregados a los clientes, los que, con el documento, sacaban las licencias de conducir.

Según Cacavelos, no existe ninguna resolución que disponga abrir una oficina policial en la Municipalidad. Dijo que, por día, eran unas 70 personas las que tenían estos certificados de vida y residencia con datos falsos, ya que nunca acudían a la dependencia policial para la expedición.

Esta mañana, declararon varios testigos, entre ellos el suboficial mayor Víctor Galeano. El juicio oral seguirá con otras declaraciones.

Estiman que el juzgamiento público dure un mes aproximadamente por las pruebas que deben ser diligenciadas. En una eventual condena, la máxima pena a la que pueden ser sancionadas es 7 años y medio de prisión.

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