El fiscal Gabriel Segovia Villasanti imputó al brasileño Iván Junio Márquez Almeida, de 24 años, por secuestro, tras el hecho registrado en la tarde del sábado, cuando retuvo a dos estudiantes de Medicina en un departamento de Ciudad del Este.
Segovia Villasanti ya tenía siete antecedentes por robo agravado y extorsión, además de dos órdenes de capturas recientes en el Brasil.
Según la investigación, el procesado ingresó al lugar armado con un cuchillo y amenazó a Geovanna Ferreira de Sousa, quien comenzó a pedir ayuda. Luego, redujo a Isabel Senhora, quien se encontraba en otra habitación.
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La Policía Nacional había informado que el hombre se hacía pasar de arquitecto y compartía el apartamento con una de las víctimas, supuestamente como parte del plan que fue ejecutado el sábado, con el pedido de rescate a sus familiares.
El hombre ató a ambas de manos con precintas y cordones, y las llevó a un dormitorio donde las mantuvo arrodilladas mientras les revisaba los celulares para verificar sus cuentas bancarias.
Logró transferir 1.176 reales (más de G. 1.600.000) a su cuenta desde el teléfono de Isabel y la forzó a utilizar otro dispositivo para completar la operación.
El hombre amenazó con quitarse la vida
Posteriormente, ó a la madre de Geovanna y le exigió una suma inicial de 10.000 reales (G. 13.650.000) para la liberación, que luego redujo a 7.000 (G. 9.555.000). La transferencia no se concretó, ya que la madre avisó a amigas de su hija, quienes alertaron al propietario del departamento.
Este acudió al lugar junto con agentes policiales, quienes forzaron el ingreso y rescataron a las víctimas. Durante el procedimiento, el agresor se atrincheró con el cuchillo, se autolesionó y amenazó con quitarse la vida.
Aseguraba ser el PCC
Los agentes lograron reducirlo y desarmarlo tras un intento fallido de diálogo. Las víctimas declararon que Márquez Almeida aseguraba pertenecer al grupo criminal Primer Comando Capital (PCC), donde es conocido como “Perdiguero”, y que actuaba por orden de terceros.
Además, las amenazó con represalias contra sus familias si colaboraban con las autoridades.
La Fiscalía calificó su conducta como secuestro y solicitó su prisión preventiva y un plazo de cuatro meses para la investigación.
