El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) celebró la apertura de sobres para la adquisición de máquinas de votación. El organismo lleva adelante el proceso licitatorio para la provisión de 28.000 máquinas de votación por un monto máximo de USD 93 millones.
Los oferentes que presentaron sus ofertas fueron Consorcio Paraguay Democrático, Consorcio Comitia SA y Miru Systems. Estas máquinas serán estrenadas en las internas municipales y partidarias del 2026.
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Días atrás, Luis Alberto Mauro, asesor del TSJE, explicó que más que una apertura de ofertas lo que va ocurrir en la fecha es una recepción de carpetas, ya que recién tras las pruebas que harán a las máquinas de votación en los próximos días, se definirán cuáles máquinas tienen la calidad suficiente para utilizarse. Una vez que se defina esto, se conocerá qué empresas pugnarán por el llamado y recién entonces se llevará a cabo la apertura de ofertas.
Entre las autoridades políticas que acudieron al evento destacan los diputados Rodrigo Blanco y Mauricio Espínola, del PLRA y ANR, respectivamente.
Justamente Espínola denunció que el oferente Miru Systems tendría vínculos con el presidente Santiago Peña. Incluso afirmó que el jefe de Estado estaría por Corea del Sur para firmar un acuerdo con esta empresa internacional.
PRUEBAS. Dentro de una semana, se espera que el TSJE realice pruebas de funcionamiento con técnicos del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN). Para el efecto, cada uno de los oferentes deberá traer cinco máquinas para someter a pruebas cada una de ellas. Las pruebas consistirán en que 400 personas votarán en cada una de ellas, además se expondrán a altas temperaturas. Si pasan la prueba se abrirán las ofertas económicas.
Cuestionamientos. El politólogo Luis Fretes Carreras remitió una nota con cuestionamientos a este proceso licitatorio.
“Presento mi oposición a este proceso licitatorio organizado por el TSJE por las siguientes razones: Falta de transparencia en la formulación de la documentación técnica y medidas de seguridad al no realizar audiencias públicas como establece el artículo 46 de la Ley de Contrataciones Públicas. Tampoco se conoce la participación de los partidos políticos y organizaciones civiles especializadas, por lo que no cumple el principio de mutuo control que hace a la naturaleza de este órgano electoral”, afirmó.
Además, cuestiona la falta de respuestas consistentes en las observaciones presentadas por senadores de la nación sobre la ausencia de medidas de seguridad en el funcionamiento regular y confiable de las máquinas de votación.
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