Una de las consideraciones que amerita esta información es señalar el tiempo que ha transcurrido desde que el proyecto fuera presentado, setiembre de 2018, hasta que finalmente lo estudiaron, y en una maniobra en la que ya nos tiene acostumbrados, lamentablemente, una mayoría colorada cartista en Diputados votó por su rechazo. La normativa interna dispone que los proyectos que permanezcan tres años sin ser estudiados deben ser archivados.
Con el rechazo –bastante previsible– por parte de la mayoría colorada cartista en la Cámara de Diputados no va a ser posible tener un mejor control sobre los millonarios fondos de los gastos sociales de las entidades binacionales. La idea fundamentalmente era detener que siga el despilfarro de los recursos.
El proyecto de ley pretendía incorporar el fondo denominado gastos sociales y ambientales de la Itaipú Binacional al Presupuesto General de la Nación, y asignaba una partida presupuestaria para su seguimiento y control. Concretamente, la propuesta consistía en que el 70% fuera destinado a infraestructura eléctrica, el 10% a restauración socioambiental de las cuencas hidrográficas y el 20% para el bienestar de adultos mayores, discapacidad, educación y salud.
Con mención especial se debe señalar que una de las primeras en votar en contra del proyecto fue la diputada colorada Rocío Abed, esposa del actual titular de la Itaipú Binacional, Justo Zacarías, precisamente objetivo de críticas y polémica, por numerosas licitaciones de la binacional.
Luego del rechazo del proyecto, un grupo de diputados y senadores de la oposición presentaron un nuevo pedido de información pública a la Itaipú Binacional, el cual no había podido ser recibido por el puente del Día del Trabajador. Los legisladores invocan la ley de Libre Ciudadano a la Información Pública y Transparencia Gubernamental para conocer la rendición de cuentas por parte de la Itaipú, lado paraguayo, los gastos socioambientales. En ese sentido, exigen el detalle de gastos sociales desde el arribo del Gobierno de Santiago Peña en agosto del 2023; demandan conocer cuánto dinero recibió el Paraguay, en que se gastó, qué convenios se firmaron, cómo se hacen las licitaciones, cuáles son los documentos, cómo se ordenan los gastos, cuál es la trazabilidad y cuáles los mecanismos de control.
Los legisladores que se niegan a incorporar mecanismos de control que aporten transparencia al uso de los fondos sociales de las entidades deben saber que las binacionales son del Estado paraguayo, no son propiedad de un partido político, por eso el manejo debe ser transparente y estar regido por los mismos principios que rigen la institucionalidad de la República, vale decir, la Constitución Nacional y las leyes que deben regir para todos. Además, la clase política debe recuperar la vergüenza y el pudor, pues es inaceptable que el control de los fondos de las binacionales sea permanente obstaculizado por los mismos legisla-dores que tienen familiares recibiendo millonarios salarios tanto en Itaipú como en Yacyretá.
Autoridades y funcionarios le deben transparencia a la ciudadanía, deben ser abiertos en cuando a su conducta y actos en sus funciones, pero sobre todo, deben priorizar el bienestar de la población por encima de sus intereses personales.
