La reforma de la Caja Fiscal forma parte de la agenda de reformas del gobierno, pero hasta ahora no ha presentado un plan concreto para atacar las serias deficiencias estructurales, causantes de la explosiva tendencia del déficit de flujo de caja del sistema de jubilaciones del funcionariado público. El MEF ha presentado diagnósticos de la situación a grupos de parlamentarios y ha difundido informaciones sobre la misma a la opinión pública, pero no ha dado indicaciones respecto a los ajustes que el gobierno desea realizar para recomponer la situación financiera y evitar la creciente sangría de recursos ordinarios que significa para el Tesoro la obligación, impuesta por la ley, de proveer los fondos para cubrir el faltante y seguir pagando las jubilaciones en tiempo y forma.
Un sistema de jubilaciones para que sea financieramente sostenible, requiere de una vinculación estrecha, a nivel individual, entre el monto total de los aportes realizados durante la vida laboral activa más los rendimientos generados con la reinversión continúa de los fondos, y el monto total de los pagos de jubilación comprometidos de manera perpetua. En la relación entre estos dos montos, el principal parámetro es la edad mínima de jubilación, porque la esperanza de vida restante a esa edad determina el tiempo durante el cual una persona recibirá el pago de su jubilación perpetua. Según los cálculos y proyecciones de parámetros demográficos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), actualizados en el 2024, un paraguayo promedio tiene un una esperanza de vida restante de 24 años a los 50 años de edad; de 16 años a los 60 años de edad; y de 13 años a los 65 años de edad; si es mujer, hay que sumar 2 años más de vida en cada caso.
Hay sectores de funcionarios públicos afiliados a la Caja como los maestros, los funcionarios judiciales, los militares y los policías que no tienen como requisito una edad mínima de jubilación. Solo requieren tener un mínimo de 25 años de aporte, y, por lo tanto, se pueden jubilar a los 50 años de edad, como está ocurriendo masivamente en los últimos años. Esto significa que percibirán la jubilación durante los 24 años que le restan de vida, la misma cantidad de años que realizaron sus aportes. El problema es que la tasa de aporte es del 16% del salario y la jubilación promedio, que resulta de las fórmulas de cálculo del beneficio, representa el 85% del salario, una relación absolutamente insostenible y explosiva, como venimos alertando hace mucho tiempo. Los funcionarios públicos, antes que reconocer el problema y buscar soluciones estructurales, quieren mantener lo que consideran un derecho y un beneficio, cuando en realidad es un privilegio que está siendo sufragado por los contribuyentes, que en su gran mayoría tienen una capacidad contributiva muy inferior. Los parlamentarios, que deberían tomar sus decisiones en función al interés general de sus representados, ni siquiera quieren abordar el tema, porque la propia Caja Parlamentaria tiene condiciones incluso más ventajosas.
Las autoridades deben encarar con al menos un poco de responsabilidad la solución a estos graves problemas estructurales de la Caja Fiscal, y hacerlo lo antes posible, para evitar males mayores. Dada la esperanza de vida actual, una edad mínima de jubilación adecuada y razonable es de 65 años, que debe ser uniforme para todos los segmentos de funcionarios. Además, con la tasa de aporte actual del 16%, se debe requerir de 35 años de aporte para otorgar una jubilación del 85% del promedio de sus últimos diez años de salario. Estos ajustes, además de reducir el déficit en los próximos años, también corregirían las grandes inequidades existentes al interior de la Caja Fiscal actualmente.
