A pesar de los operativos realizados por el Gobierno para retomar el control en las cárceles del país, cogobernadas en su mayoría por organizaciones criminales locales y transnacionales, la crisis penitenciaria persiste y esto fortalece a las organizaciones que operan tras las rejas, según el análisis realizado por la organización InSight Crime.
La nucleación internacional, que investiga el fenómeno del crimen organizado en América Latina, señala en su informe lo ocurrido en el año 2023 cuando el Clan Rotela, “el mayor grupo criminal del país”, tomó el control total de la cárcel de Tacumbú, la cárcel más grande del país.
Esto motivó la declaración de emergencia penitenciaria que permitió a las autoridades contar con fondos para “proyectos de infraestructura y la adquisición de equipos tecnológicos de seguridad para atender las necesidades urgentes del sistema penitenciario”.
Destacaron el operativo Veneratio realizado en diciembre de 2023, que permitió el traslado de Armando Javier Rotela, uno de los criminales más peligrosos del país, a un penal de máxima seguridad.
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En abril de 2024, la operación Joapy cambió el foco hacia las redes criminales internacionales. Esta implicó la deportación de 25 internos vinculados a grupos criminales brasileños, incluyendo el Primer Comando de la Capital (Primeiro Comando da Capital, PCC), el Comando Rojo (Comando Vermelho, CV) y Los Manos (Os Manos).
Y la reciente operación Peine Fino, que tuvo como objetivo prevenir fugas carcelarias en Ciudad del Este y otros centros penitenciarios. Las requisas en las celdas llevaron al decomiso de machetes, teléfonos móviles y otros bienes ilícitos, poniendo de manifiesto la persistente circulación de contrabando dentro del sistema.
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Sobre otro de los grupos influyentes en el país, el Primer Comando Capital (PCC), la organización recordó que se expandió luego de la extradición de Jarvis Chimenes, que estaba recluido en la cárcel de Tacumbú donde construyó un lujoso búnker.
“Aprovechando la superpoblación del sistema carcelario del país, reclutó nuevos y consolidó su poder, al igual que había hecho en su Brasil natal. En junio de 2019, el PCC exhibió su creciente dominio instigando un motín en la Penitenciaría de San Pedro y asesinando a 10 del Clan Rotela”, señalaron los expertos.
Hacinamiento
La incapacidad de Paraguay para mantener el control sobre sus cárceles, según el análisis de la organización extranjera, se debe en parte al grave hacinamiento que se vive en la mayoría de los centros penitenciarios.
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Según los últimos datos oficiales, en nuestro país están recluidas 18.524 personas, a pesar de que las prisiones están diseñadas para una capacidad de 10.044. Alrededor de dos tercios de los encarcelados son internos con prisión preventiva que aún no han sido condenados. En varios centros, este grupo supera por sí solo la capacidad oficial.
Esta situación es el escenario ideal para que los internos busquen ayuda en organizaciones lícitas y también en aquellas que están al margen de la ley. “Para garantizar su seguridad, los individuos generalmente deben involucrarse con una iglesia o directamente con una organización criminal”, reflexionó Jorge Rolón Luna.
Las causas del hacinamiento son la burocracia, el descuido de los jueces y fiscales, y el fracaso del encarcelamiento masivo para frenar la delincuencia, entre algunos de los principales problemas, de acuerdo a la publicación.
