El intendente de Asunción, Óscar Nenecho Rodríguez, se presentó a su audiencia de imposición de medidas en horas de la mañana de este jueves ante el juez Rodrigo Estigarribia, en la causa “detergentes de oro”, donde se lo acusa de un presunto daño patrimonial de casi G. 2.000 millones.
En ese contexto, el juzgado determinó medidas alternativas a la prisión para el jefe comunal como una fianza real de G. 500 millones, una comparecencia trimestral y la obligación de comunicar cada salida y retorno al país.
A Rodríguez se lo imputó por los hechos de lesión de confianza (corrupción) y asociación criminal.
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Al salir de su audiencia, el jefe comunal expresó que es el más interesado en que se esclarezca el problema judicial y “confía” en el Poder Judicial, así como en el trabajo del Ministerio Público.
Si bien recordó que el caso data de hace cuatro años, expresó: “Nosotros no presentamos ninguna chicana. No hemos tratado de evadir (la causa), a la primera convocatoria estuvimos presentes”.
La investigación lo señala como el líder de una organización que simuló compras de detergentes y desinfectantes con los fondos destinados para la emergencia sanitaria por el Covid-19, una enfermedad que provocó en confinamiento a nivel mundial y se cobró la vida de millones de personas.
Junto con Rodríguez, otros 10 funcionarios de la Municipalidad de Asunción fueron procesados, entre ellos los directores Wilfrido Adrián Cáceres López, de istración y Finanzas; Nidia Rosa López de González, de la Dirección General de Gestión y Reducción de Riesgos de Desastre Municipal; y Édgar Fabián Estigarribia Gavilán, quien había asumido en reemplazo de López cuando se encontraba con reposo médico y, al mismo tiempo, ejercía sus funciones como titular de la Dirección istrativa de la misma dependencia.
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Los otros procesados son David Fernández, Agustín Fernández Estigarribia y Miguel Ángel Lisboa, representantes de DFR; Juan Rodríguez y Jorge Argüello, pertenecientes a COVA; María Digna Méndez, de M&F; y el clan familiar que opera con Bastian Comercial: María Victoria Cano Rodríguez, Pedro Ramón Cano Torres, Antonio Cano Villagra y Benicio Antonio Cano Martínez.
Al conocerse su imputación, Rodríguez ninguneó la causa y afirmó que “si esto salía hace dos años atrás, ya hubiera estado sobreseído nuevamente (sic)”.
