La Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) publicó su carta, La esperanza no defrauda, donde cuestiona al autoritarismo que propicia la vulneración de los derechos sociales, políticos y económicos fundamentales, creando un ambiente de miedo y sumisión.
Considera que los abusos de poder debilitan la confianza en las instituciones democráticas y que, a su vez, la subordinación de los entes públicos al poder económico subyuga voluntades e impide el ejercicio de la democracia, entendida más allá de las elecciones.
“Esto contribuye a la descomposición moral y social, y limita el crecimiento de una sociedad basada en la justicia y en el respeto irrestricto a la dignidad humana”, lamenta.
Sobre la corrupción refiere que la falta de integridad y transparencia, así como los vicios de la istración, alimentan y articulan la corrupción en la sociedad.
“Se erosiona la confianza, se malgastan y desvían los recursos destinados al bien común, sobre todo privando de recursos urgentes y necesarios para el a la salud universal y a una educación de calidad, reforzando las desigualdades”, explica.
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No se limita a las instituciones públicas, también se dirige al sector privado cuando genera una competencia desleal.
“La corrupción, la impunidad y el crimen organizado corrompen nuestras instituciones y debilitan el sistema democrático, impidiendo la realización del bien común”, reflexiona sobre esta problemática.
Estas críticas coinciden con las denuncias de nepotismo y la aprobación en el Senado de un aumentazo para los legisladores frente a imperantes necesidades en los servicios básicos.
Crisis educativa, abandono a comunidades indígenas y pequeños productores
A la CEP le indigna la escasez y desinterés hacia la educación, en un contexto en que los estudiantes no alcanzan su potencial con el modelo actual, perpetuando así un ciclo de pobreza y exclusión.
Sostiene que es urgente la revisión e implementación de un nuevo sistema que apunte a una formación integral, además de responder a las demandas de un mercado laboral cada vez más dinámico y complejo, que ayude a aportar al desarrollo y a formar ciudadanos responsables, con valores éticos y conciencia cívica.
“Como Iglesia, estamos llamados a apoyar y a promover una educación de calidad que llegue a todos, especialmente a los más pobres, para que puedan crecer y contribuir a la construcción de una sociedad justa”, refiere.
Al igual que en la homilía del sacerdote Miguel Flitz en la misa de Caacupé, la CEP también habló de los pueblos indígenas que viven en condiciones de extrema pobreza, padecen discriminación y abandono.
Mencionó la dolorosa expulsión de sus territorios y de las calles ante la mirada de organismos que deberían velar por sus derechos.
Sobre los pequeños productores, apuntó a la falta de apoyo del Gobierno y de políticas públicas que contribuyan al desarrollo rural.
“La falta del impulso de la reforma agraria justa y efectiva facilita la concentración de la tierra en pocas manos y expulsa a los pequeños agricultores, forzándolos a migrar a las ciudades o a trabajar en condiciones de explotación. Esto no solo debilita el campo, sino que también afecta la seguridad alimentaria de todo el país y la estabilidad de las comunidades rurales”, avisó sobre el alcance de la agricultura familiar.
Así también, la CEP habló sobre la incertidumbre en el futuro de los jóvenes y la destrucción de la naturaleza.
Otro país es posible
A pesar de todo lo negativo, para la Conferencia Episcopal es necesario tomar conciencia de la esperanza para imaginar y construir un nuevo orden, basado en la justicia y el bien común.
Para el efecto, invitan a cuidar de la naturaleza, a pelear por el al agua potable en los estados. Otras demandas tienen que ver con el a la educación de calidad.
Sobre el sistema penitenciario, reflexiona que no son necesarias más cárceles, sino más oportunidades de vida digna para los sectores vulnerables.
