Uno de los casos judiciales más emblemáticos que enfrentan los parlamentarios es el del colorado José María Ibáñez, quien se vio obligado a renunciar a su banca después de reconocer que cometió un delito, al contratar como funcionarios de la Cámara Baja a tres de sus caseros.
Los mismos cumplían labores en la quinta del ex diputado, pero percibían sus salarios del Estado.
Ibáñez fue legislador por la Asociación Nacional Republicana (ANR) en el periodo 2013-2018, y entre las declaraciones juradas de bienes de altos funcionarios publicadas el miércoles por la Contraloría General de la República (CGR) no figuraron el de esta etapa.
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Antes de que ocupara el cargo en la Cámara de Diputados fue secretario privado de la Presidencia de la República en el primer año de gobierno de Nicanor Duarte Frutos (2003-2008).
Bajo esa misma istración también realizó funciones diplomáticas. Entre 2005-2006 fue embajador ante el Reino Unido de Bélgica, Ducado de Luxemburgo, Holanda y ante la Unión Europea, con sede en Bruselas.
Pero inició su carrera en la función pública en 1993, en el mismo año que terminó su carrera universitaria de abogado. Era consejero adscrito a la Secretaría Política de la Presidencia de la República, durante el gobierno de Juan Carlos Wasmosy (1993-1998).
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Sin embargo, la Contraloría sí cuenta con la declaración jurada de José María Ibáñez de los años 2003, 2006 y 2007. En estos años el artículo 104 de la Constitución Nacional obligaba a los funcionarios públicos a declarar sus bienes, pero no existía aún una sanción para los que no presentaban.
Recién en 2013, con la Ley 5033, se reglamenta dicha disposición constitucional y se impone sanciones a los que no cumplen con las obligaciones dispuestas.
El diputado procesado en el caso de caseros de oro, aparentemente, no presentó sus DDJJ desde que entró en vigor dicha normativa.
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Entre los años que sí lo hizo (2003-2006-2007) su patrimonio neto fue de G. 1.980.000.000, G. 2.280.227.929 y G. 2.091.978.700, respectivamente.
En agosto de 2018 Ibáñez decidió apartarse de su cargo parlamentario el mismo día en que también se organizó una gran convocatoria ciudadana con el fin de hacer visible el repudio generalizado hacia los hechos ocurridos en la Cámara de Diputados.
La Justicia favoreció al ex legislador aprobando el resarcimiento del hecho, la Fiscalía se allanó y así quedó impune.
