La comisión especial del Congreso Nacional que investiga la mafia de los pagarés inició la semana pasada bajo presidencia del senador Rafael Filizzola. Además del formulario virtual para la inscripción de las víctimas –que hace unos días supero la cifra de 2.000 afectados–, se habilitó un número de WhatsApp para el registro.
La comisión dio a conocer algunos resultados del registro.
Entre los afectados, el 92% no recibió ninguna notificación sobre la supuesta deuda que justifica el embargo salarial que afecta a un 77% de las víctimas.
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Del total de los registrados, un 67% no reconoce el origen de la deuda, mientras que un 32% sí lo hace. El resto no contestó al respecto.
La gran mayoría de los afectados trabajan en la función pública, siendo estos un 79% del total, mientras que un 9,3% son del sector privado, otro 6,1% son jubilados públicos y un 3,8% son trabajadores independientes. Hubo un porcentaje mínimo que no respondió.
Con respecto a la distribución de víctimas por lugar de trabajo, un 39,57% son del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), 14,8% del Ministerio de Salud Pública, 11,89% del sector privado, 10,43% sin especificar, y un porcentaje de esa misma cifra que no respondió. Asimismo, un 3,83% trabaja en el Hospital de Clínicas, 3,07% en el Instituto de Previsión Social (IPS), 2,3% viene del sector docente, 1,92% es de trabajadores independientes y 1,76% corresponde a jubilados.
De los afectados, la mayoría es del sexo femenino, con un 68%, mientras que el resto, 32%, son del sexo masculino.
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En cuanto a la distribución del caso por juzgado, el 30%, desconoce a cuál pertenece su carpeta judicial. Mientras que el Juzgado de Paz de La Encarnación tiene el 20,48% de los casos encuestados; le sigue Catedral con el 11,89%, San Roque con el 8,44%, Recoleta el 5,44% y Mariano Roque Alonso, con el 4,75%. Un 19,% corresponde a otro juzgado que no se especificó.
Entre los demandantes más citados, se encuentra Carsa, con el 10%; Nexo, con el 7%; Vanessa SA y/o Vanessa & Asociados, con el 5%; Cobranzas y Pagos SA, con el 4%; Breslavia, con el 4%; Dimer, con el 4%; RTO, con el 3%; Plan Urbano, con el 3%; y GECO, con el 3%.
“Revisamos casi los 2.000 casos que se están registrando en la web; hay otros 1.000 que están las víctimas buscando toda la información para poder clasificar”, comentó la senadora Esperanza Martínez, integrante de la comisión especial.
Martínez señaló que con los datos que pudieron recabar pueden tener una idea de qué instituciones, profesionales y comercios están involucrados.
“Le planteaba al presidente y a la Comisión, en primer lugar, enviar ya a la Fiscalía una denuncia innominada sobre todas estas casas que están involucradas con ocho, cinco o seis cargos, y que se produzca un inicio de investigación en la Fiscalía, porque tenemos una investigación con relación a la intervención que tienen los juzgados de paz para saber la actuación de los juzgados; pero acá el sector privado es parte de este esquema de estafa”, comentó la senadora.
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Asimismo, la legisladora citó a su colega senador Mario Varela, que integra el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), quien manifestó que desde el JEM pueden intervenir porque tienen a mano el nombre de fiscales y jueces que ya intervinieron y existen casos que han quedado sin efecto, y han salido prácticamente sin condena porque los plazos prescribieron.
“Vamos a hacer un informe, remitir al fiscal general con una denuncia precisa; vamos a mandarle la información a la Corte Suprema de Justicia y también vamos a mandar al Jurado de Enjuiciamiento. La idea es que de diferentes ámbitos iniciemos un proceso para tratar de acorralar a este grupo delictivo que funciona como un sistema, como una coordinación desde varios puntos de vista”, acotó la senadora Esperanza Martínez.
