La decisión de “cambiar el sistema financiero” de la Municipalidad responde a marcados cuestionamientos por parte de los concejales, según las declaraciones y los pedidos expresados en la última sesión de la Junta Municipal.
El edil Humberto Blasco (PLRA) se refirió al informe de la CGR de 2024 en el que se indica expresamente, a través de distinta razones jurídicas, que la aplicación de la ordenanza de la Cuenta Única (CÚ) es totalmente irregular y concultatoria de principios legales de rango superior y de cuya aplicación la Municipalidad de Asunción no pudo ni debió apartarse.
Cabe recordar que la CGR presentó el informe ante el Ministerio Público “a fin de que la misma (...) determine o no la viabilidad de seguir un rumbo investigativo, así como al Poder Ejecutivo (...) a la Intendencia y la Junta Municipal” de Asunción.
“Como la Contraloría señala que tenemos que revertir, ahí viene una serie de preguntas que tenemos que consultarle al intendente”, dijo Blasco durante la presentación de una minuta.
Entre las preguntas, se incluyeron seis. La primera fue si la Intendencia dio cumplimiento a los requerimientos que hizo la Fiscalía y que guardan relación con la investigación de la CGR. La segunda, si la Fiscalía o el juzgado de garantía actuante proveyeron alguna medida preventiva o cautelar de suspensión de los efectos de la ordenanza única, “teniendo en cuenta que han tenido oportuna intervención y conocimiento del caso y está judicializado”.
Blasco también consultó si la intendencia ya recurrió judicialmente las conclusiones de la CGR. “En caso afirmativo, ante qué instancias, cuáles fueron las acciones promovidas y cuáles han sido las actuaciones impulsadas y cuáles han sido los resultados de esas acciones”, cuestionó.
Por último, el concejal preguntó qué medidas se tomaron para dar cumplimiento a las recomendaciones de la CGR, si se ha tomado intervención ante el Ministerio del Interior y qué otras medidas se promovieron ante instancias istrativas o jurisdiccionales del Poder Ejecutivo o Legislativo.
“No se puede cambiar un sistema financiero de la noche a la mañana, entonces necesitamos elementos de juicio. Necesitamos convocar o solicitar la asistencia del Ministerio de Economía (MEF) para volver a cambiar de matriz, que nos dicten las dinámicas contables istrativas y financieras para hacer esa migración, y para poder migrar de una cuenta única a una cuenta múltiple”, observó Blasco, y añadió que dicha migración tiene que hacerse “de manera ordenada y responsable”, con las dinámicas establecidas por el MEF.
Blasco remarcó por otro lado su postura de que no está de acuerdo con que la ordenanza de la CÚ sea ilegal. “Esto fue disñeado por técnicos del propio Ministerio de Hacienda, que también lo implementaron. Entonces, la Cuenta Única no es ni ilegal ni inmoral”, dijo.
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Planteamiento
La concejala Rossana Rolón (ANR) manifestó por su parte que la CÚ sí le parece “inmoral”. Aludió al uso que se está realizando del dinero de los jubilados a través de dicha cuenta, y resaltó que la istración de Nenecho es “muy desprolija, irregular (...) con falta de transparencia” y oscuridad en cuanto a los manejos del dinero que debe destinarse a las obras de infraestructura.
“La plata no se sabe dónde está. Entonces, ¿qué es la solución? Nosotros como Junta lo único que podemos hacer es reclamar y reunirnos”, expresó.
El concejal Álvaro Grau (PPQ) declaró a su vez su deseo de solicitar la reiteración de su propuesta de derogar la ordenanza de la CÚ, ya que se cuenta con “pruebas fehacientes que pueden respaldar” dicha decisión por parte de la Junta. “No solamente hacer lo que la Contraloría recomienda, sino proteger, que no se sigan quebrantando las leyes”, señaló.
Reiteró que dentro de la cuestionada figura no solamente se está incluyendo el dinero de los aportantes a la Caja de Jubilados, sino también “el dinero que se tendría que destinar a la Diben, también el que se tendría que transferir al Estado Central (el 15% del impuesto inmobiliario) y otros recursos que no son los recursos municipales”, expuso.
Otra propuesta para cambiar la reglamentación de la CÚ provino del edil Félix Ayala (PLRA), quien reiteró durante la sesión que la mencionada ordenanza no es ilegal. Recordó que en 2024 se solicitó un pedido de intervención con base en el mismo informe de la CGR que cuestiona la figura de la CÚ. Objetó, sin embargo, que en otro informe de la CGR, emitido en mayo de 2020, se concluyera que la Municipalidad “no reglamentó la ordenanza 175 de fecha 05/09/18, (...) incumpliendo el artículo 22".
Dicho informe de la CGR recomendaba el inicio de las gestiones correspondientes “a fin de contar con una reglamentación aplicable a la situación real de la Institución”, que, al mismo tiempo, esté en concordancia con las disposiciones legales que regulan la materia para dar cumplimiento al referido artículo.
“Yo estaba a favor de la reglamentación, pero estaba en contra de esa modificación que hizo el intendente. Estoy a favor de la ordenanza, pero en contra de la reglamentación”, apuntó Ayala, aludiendo a la resolución reglamentaria 2424/2019, que establece que que el alcance de la Cuenta Única está integrado por recursos provenientes del crédito público y recursos institucionales.
Dicha reglamentación va en contra del artículo 197 de la Ley Orgánica Municipal, que prohíbe realizar operaciones de crédito público (bonos) para financiar gastos corrientes.
Durante la sesión en la Junta, Ayala pidió convocar a una mesa de trabajo con el director de istración y Finanzas, Fernando Chávez, con el objeto de que exponga ante los concejales “la radiografía completa del estado financiero” de la Municipalidad, incluyendo un informe sobre la deuda acumulada de los bonos y sobre la posibilidad de refinanciar dicha deuda.
La concejala Fiorella Forestieri (PLRA) se adhirió al pedido de Ayala y de Blasco, y manifestó que la posición de los concejales es crucial para resolver la reglamentación de la CÚ. “Les quiero recordar a los colegas que incluso una representante de la Cámara del Senado mencionó que es la Junta Municipal la que reglamenta la Cuenta Única. Estamos responsables de este espacio que ocupamos no de modo personal, sino de modo institucional”, refirió.
Por su parte, la concejala Rolón también solicitó un informe sobre el estado financiero de la Comuna, así como una actualización del desarrollo de las obras pendientes y actuales, incluidas su localización, el monto total presupuestado, las fuentes de financiamiento y la identificación de las empresas contratistas.
Además pidió que se informe sobre la cantidad de funcionarios jornaleros afectados por la medida circular que se difundió el pasado 12 de mayo, que recortaba los domingos y los feriados para el personal istrativo y operativo. A su pedido añadió el monto estimado del ahorro económico de dicha medida.
Los pedidos serán enviados a la Intendencia y a la Comisión de Legislación.
