Tras el asesinato de Marcelo Pecci, la propia fiscala general del Estado de entonces, Sandra Quiñónez, se mostró solidaria con la familia hasta las lágrimas, pero su istración no avanzó en la investigación para identificar y castigar a los autores morales del magnicidio.
A su sucesor, Emiliano Rolón, también se le cuestiona su falta de voluntad para una causa tan emblemática calificada como crimen transnacional. Esta situación obligó a los familiares a contratar abogados y solicitar con fundamentos jurídicos transparencia en la pesquisa, así como su participación para el esclarecimiento de los hechos.
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El fiscal delegado de la Unidad Especializada de Lucha contra el Crimen Organizado fue asesinado a balazos en una playa colombiana el 10 de mayo de 2022. Casi dos años después y ante la falta de resultados en la investigación, su viuda Claudia Aguilera contrató a Cecilia Pérez como representante legal.
Días antes, la Fiscalía había entregado a la familia una escueta lista de diligencias que no tenía detalles ni contexto. El escrito, además, nunca fue actualizado.
La abogada Pérez solicitó a las carpetas fiscales y la intervención de Aguilera en la causa, pero aunque el Ministerio Público la reconoció como víctima, nunca le brindó datos sobre la investigación.
En junio de 2024 los hermanos del fiscal, Francisco y Gabriela Pecci, presentaron a Enrique Kronawetter como su representante legal para sumar esfuerzos.
“Nosotros queremos saber, independientemente de quién se trate, quiénes son los responsables y dieron la orden de asesinar a Marcelo Pecci”, alegó Kronawetter sobre la búsqueda de justicia.
En la misma línea que su colega, el abogado solicitó a las pesquisas realizadas y el progreso de una teoría del caso, las hipótesis trazadas, más detalles de las diligencias y el tiempo estimado para obtener resultados de las evidencias y elementos colectados.
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Ambos profesionales se basaron especialmente en el Código Procesal Penal, que en el artículo 67 considera víctimas al cónyuge, heredero y parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad de la persona fallecida como consecuencia de hechos punibles.
Asimismo, se respaldan en el artículo 68, que garantiza a estas víctimas el derecho a ser informadas de los resultados del procedimiento y a intervenir en él.
Como en el caso de la viuda, la Fiscalía se tomó su tiempo para luego rechazar el pedido de los familiares argumentando que la divulgación de datos pondría en riesgo la investigación, a pesar de que los hermanos se comprometieron a mantener en estricta reserva el tenor de la información.
“Cuando pedimos intervención ante la Fiscalía y luego ante el juzgado, ante la negativa, nosotros señalamos expresamente el compromiso de no publicitar la información que ellos consideran sensible y además, usando un poco de sentido común, ¿te parece que nosotros mismos vamos a frustrar algo que estamos abogando, que es que se llegue hasta las últimas consecuencias, hasta determinar la autoría moral?”, cuestionó el abogado.
El siguiente paso fue recurrir a los órganos del Poder Judicial, donde el juez penal de garantías, Yoan Paul López y la jueza contra Crimen Organizado, Lici Sánchez, se desentendieron del caso, dando origen a lo que se conoce como una contienda negativa.
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Entonces quedó a cargo de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia resolver a quién correspondía dar trámite al recurso, pero esta instancia también se tomó su tiempo y recién en diciembre del 2024 confirmó a López.
Ese mismo mes, el juez rechazó el pedido repitiendo los argumentos del Ministerio Público.
Lo más contradictorio para Kronawetter es que inmediatamente después de la negativa, ambas instituciones ratificaron el derecho de las familias a acceder a la información cuando así lo soliciten.
Tras una serie de dilaciones, el recorrido continuó en el tribunal de apelación en lo penal en enero de este año, donde los se tomaron tres meses para decidir con voto dividido no hacer lugar a la petición.
En disidencia votó Cristóbal Sánchez, quien no estuvo de acuerdo en excluir como víctimas a los hermanos Pecci.
Al respecto, el abogado de la familia criticó que los demás hayan estudiado el caso como un derecho de preferencia sobre el juicio sucesorio, cuando en realidad se está abordando un crimen transnacional, donde se busca el a la justicia.
Al agotarse los recursos ordinarios, Kronawetter promovió en nombre de sus clientes una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, la cual representa la última instancia nacional.
Para la familia, pocas son las esperanzas de una respuesta positiva, atendiendo a la llamativa coincidencia en los discursos de todo el sistema de justicia. En ese sentido, no se descarta recurrir a la Organización de Estados Americanos.
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Cuestionan falta de respeto, desinformación e impunidad
Para el abogado constitucionalista Hugo Estigarribia, la Fiscalía colombiana avanzó hasta donde pudo en la investigación del asesinato de Marcelo Pecci, logrando la condena de ocho personas, mientras que Paraguay está en falta al no resolver quién o quiénes dieron la orden.
“A tres años de la muerte de Pecci estamos con las manos vacías respecto a los autores morales”, cuestionó.
Al respecto sostuvo que quienes ejecutaron el plan tenían información muy precisa sobre los movimientos de la víctima y en ese sentido apuntó a investigar el entorno del fiscal y de las causas que encabezó, entre otros indicios.
Al igual que la familia, criticó la desafortunada frase del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, al afirmar que “ni Mandrake resolverá el caso”. Entiende así que la propia institución se declara incompetente.
“Es una gran mancha para la Justicia paraguaya que haya una impunidad de los autores morales y una absoluta desinformación desde qué ha hecho la Justicia paraguaya, una falta de respeto total a un paraguayo de bien (Marcelo Pecci) y a la familia Pecci”, lamentó.
Al profesional le preocupa sobre todo qué le espera a la ciudadanía en general, cuando se observa este trato a un fiscal de gran relevancia para el país que investigó grandes casos sobre el narcotráfico y el crimen organizado.
