El criadazgo es una medida desesperada que toman madres y padres ante la extrema pobreza y nulas oportunidades de desarrollo en territorios abandonados por el Estado.
No es un modo de vida y costumbre que puede entenderse como cultura o “paraguayidad”, es una práctica que desafortunadamente fue normalizada para “suplir” el rol estatal en la protección de niños y niñas.
Hay que comprender que ningún niño o niña puede ser separado de su núcleo familiar por cuestiones económicas, sino todo lo contrario, se le debe otorgar las garantías para que pueda permanecer en su entorno.
Quienes recurren al servicio del trabajo infantil doméstico se comprometen a cubrir los derechos básicos como si estuvieran haciendo un favor o un acto solidario con las familias vulnerables, generalmente provenientes del campesinado, pero en realidad están cometiendo una terrible explotación en que someten a niñas y niñas a excesos de tareas que contemplan desde limpieza, cocina, cuidado de niños y enfermos, entre otros.
Prefieren ahorrarse el pago de un salario digno a trabajadores y trabajadoras domésticas, y al mismo tiempo abusar de su poder de adulto de ciudad, frente a una niña campesina y pobre, a quien muchas veces ni siquiera envían a la escuela.
En este contexto, con un adicional de racismo y clasismo, aumentan también los riesgos de sufrir violencias sicológica, física y sexual.
El factor económico se convierte así en una excusa para los explotadores, quienes en todo caso deberían unirse a las protestas sociales que buscan un mejor salario, políticas de cuidado y combatir la desigualdad de género en un país que todavía asigna las tareas domésticas a las mujeres.
En un país justo, el criadazgo estaría extinto; sin embargo, en Paraguay 47.000 niños y niñas viven en esta situación.
A pesar de esta terrible realidad, para el sector conservador es un contrasentido prohibir esta “paraguayidad” con un proyecto de ley “antinatura”. Para el senador Gustavo Leite, prácticamente es un orgullo desarraigar a las niñas y someterlas al trabajo infantil forzoso, porque eso es el criadazgo.
Mientras un sector discutía en el Senado las penas de entre 5 y 20 años para quienes incumplieran la ley, Leite y su colega Dionisio Amarilla operaron en contra de la esencia misma del documento, que pretende combatir y erradicar esta vieja práctica.
De la mano del cartismo y extrañamente con una oposición de Lizarella Valiente, el proyecto fue rechazado en el Senado y vuelve al debate en la Cámara de Diputados, donde el movimiento de Horacio Cartes también acapara los votos.
No en vano, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer advertía en el 2017 sobre una regresión en la promoción de igualdad de género en Paraguay. Los cartistas se preocuparon tanto en eliminar la “ideología de género” en las escuelas, tergiversando la teoría de género que, con una base científica, estudia la realidad y propone transformaciones que beneficien a toda la sociedad. Por ejemplo, la teoría de género aporta argumentos sólidos sobre el impacto del criadazgo y la necesidad de erradicarlo, lejos del discurso patriarcal de Leite y sus secuaces antiderechos.
Al Comité también le preocupaba en ese momento las intenciones de eliminar el Ministerio de la Mujer, una idea que sigue vigente casi una década después. El sector cartista busca así retroceder en políticas que protejan a las mujeres y niñas. Cualquier tipo de violencia la encubrirán bajo el concepto de una “cultura” que debe ser respetada.
