El abogado Guillermo Ferreiro, defensor del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, refirió que el pedido de intervención es un “sicariato institucional” encabezado por la Contraloría General de la República, en coordinación con el oficialismo colorado.
Ferreiro, quien también representó al ex intendente de Asunción, Mario Ferreiro, comparó ambos casos señalando patrones similares de persecución, falta de fundamentos jurídicos reales y uso político de las instituciones del Estado.
“Esto lo tomo de quien viene. Camilo Benítez (contralor general) es una persona que no ha disimulado su pasión en el montaje de la causa contra Mario Ferreiro. Están los chats con Camilo Suárez donde ya hablaban de cómo armar la causa. Fueron humillados en el juicio oral y todas las denuncias fueron desestimadas por la Fiscalía”, afirmó el abogado en radio Monumental 1080 AM.
Según el abogado, las acusaciones contra Miguel Prieto responden al mismo libreto: Informes sin sustento técnico, faltas istrativas comunes presentadas como hechos delictivos y una intencionalidad política evidente.
“No disimulan. Bachi Núñez dijo: ‘Vamos a dar uno a cambio del otro’ y acto seguido Camilo Benítez presenta el pedido de intervención. Y si leés bien el pedido, no dice nada grave, son faltas istrativas normales en cualquier auditoría”, expresó.
Ferreiro ironizó sobre el rol de la Contraloría: “Hay un chiste que decimos los abogados: El auditor es el que llega después de la batalla a patear el cadáver. Señalan que algo se debió cargar en el rubro A y se puso en el B. ¿Dónde está el robo? ¿Dónde está el daño patrimonial?”, cuestionó.
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Navidad sustentable: El eje de la controversia
Uno de los puntos más cuestionados por la Contraloría es el proyecto Navidad sustentable, impulsado por la gestión de Prieto.
Según planteó el director de auditoria Forense de la Contraloría, Leandro Villalba, se cuestiona que la municipalidad realice esta actividad. Además se alega una supuesta falta de documentación o mal uso de recursos.
Al respecto, Ferreiro subraya que no es atribución del auditor determinar si la municipalidad puede invertir en “hermosear la ciudad”.
El abogado agrega que “los documentos están”. “Algunos debían presentarse en 5 días y se presentaron en 7. No les gusta la forma, pero el gasto está, el bien está, se transportó en 17 camiones con documentos, y cuando vieron los camiones se negaron a recibir el expediente. Si hay daño patrimonial, que lo demuestren, pero no lo hay”, aseveró.
Otro cuestionamiento es la compra de una retroexcavadora para el proyecto. Sobre ese punto, Ferreiro argumentó que es parte de obras civiles asociadas al programa.
"¿Cómo hacés una instalación sin maquinaria? ¿El auditor tiene conocimiento técnico para decir con qué se deben hacer las obras? Confunde convicción con evidencia”, replicó.
También se cuestionó que ciertos pagos se hayan hecho por cheque y no vía Sipap (transferencia).
“El cheque es un medio legal, rastreable y seguro. Algunos bancos no permiten abrir cuentas a organizaciones recién creadas. La subcomisión vecinal tenía esa limitación, pero todo se documentó con actas y autorizaciones”, explicó.
Implicancias políticas y persecución selectiva
Ferreiro fue contundente al denunciar una estrategia de persecución a intendencias no coloradas.
“El mensaje político está claro: Ninguna istración pública no colorada va a terminar su mandato. Para eso están los sicarios del poder: La Contraloría y la Fiscalía”, disparó.
Recordó el caso de Mario Ferreiro, cuya causa, según él, fue desestimada completamente.
“Seis denuncias armó la Contraloría. Ninguna prosperó. Ganamos todas. Había chats con cinco personas hablando en un grupo con cuatro integrantes. Eran memes, capturas truchas”, señaló el abogado.
En relación al supuesto faltante de G. 1.000 millones en pagos a Catastro, Ferreiro también ofreció una explicación.
“Se hicieron las boletas. Fueron siete pagos. Que una no haya llegado a tiempo no significa que no se haya hecho. Hay pagos, hay documentos. Ellos suman una y omiten las otras seis”, puntualizó.
Finalmente, concluyó con una crítica directa al rol de la Contraloría.
“Esto no es un informe técnico. Es un acto de prepotencia institucional. El crimen lo cometen ellos al falsear, ocultar o tergiversar la información, mientras se niegan a recibir las pruebas cuando se las llevan”, acotó Ferreiro.
